Puigdemont pretende que el Estado se siente a negociar su disolución con la presencia de un mediador internacional. Esa es una de las conclusiones del Consell per la República Catalana, cuyos promotores, con el prófugo al frente, dicen haber mantenido una serie de reuniones al objeto de preparar una oferta para el Gobierno y unas instrucciones para la sociedad civil de Cataluña.
El dirigente separatista huido, cada vez más aislado, trata de no perder protagonismo en un escenario de fatiga y desencanto en buena parte de sus bases y a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. En este contexto, el ente del líder de la facción posconvergente del separatismo ha emitido este sábado un comunicado en el que propone al Estado "una plataforma de negociación para la resolución del conflicto" basada en tres puntos: "el reconocimiento por parte del Estado del derecho de autodeterminación que el pueblo catalán ejerció el 1 de octubre de 2017; la reversión de la represión y el respeto integral de los derechos civiles y políticos, tal y como están reconocidos por el derecho internacional; y una mediación independiente de las negociaciones".
En previsión de que el Estado no acepte la oferta y no se rinda, el "Consell" sostiene en su nota que "la acción de las instituciones y de la sociedad civil para materializar el derecho de autodeterminación no puede quedar bloqueada ni por la represión ni por la negativa de la mayoría de fuerzas políticas e instituciones españolas al diálogo".
Órdenes a las instituciones y a la sociedad civil
Es por eso que el organismo con sede en la mansión privada de Puigdemont en Waterloo "insta a instituciones y sociedad civil a preparar las medidas y actuaciones necesarias para materializar el mandato popular por la independencia" y "llamará al pueblo de Cataluña a movilizarse para acompañar la acción de las instituciones catalanas". En este sentido, prevé el mecanismo de la "desobediencia civil" y la "lucha no violenta". También avisa de que "cualquier elección al 'Parlament' tendrá carácter referendario mientras no se haya materializado el mandato derivado del referéndum del 1-O".
Torra y el coste de sus viajes de partido
Como viene siendo habitual, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha sido uno de los participantes en las reuniones del Consell. El coste de su participación en esta entidad, de la que se han desmarcado ERC y el resto de actores del independentismo, corre a cargo de los fondos públicos de la Generalidad.
Por otra parte, crece la presión del sector más radical del separatismo, encabezado por los propios Torra y Puigdemont, para que ERC se sume a la "huelga de país" con la que Junts per Catalunya (JxCat), la ANC y Òmnium pretenden responder en primera instancia al Tribunal Supremo una vez haga pública la sentencia por el golpe de Estado de otoño de 2017.
"Huelga de país"
En declaraciones a la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, la portavoz de ERC Marta Vilalta ha concedido que la huelga podría ser una "buena respuesta a la sentencia". Vilalta ha abundando que la formación republicana es partidaria de una réplica "institucional, internacional, jurídica y social" que incluiría "salir a la calle" y la desobediencia civil.
Incidentes violentos
Todas las acciones y declaraciones de los dirigentes separatistas están encaminadas a generar un otoño caliente con movilizaciones en la calle. El bajón en el número de participantes de la pasada Diada ha causado un cierto nerviosismo y temor a que la respuesta popular no sea tan masiva como amenaza el independentismo. Por su parte, los dirigentes separatistas niegan que el tono inflamado de sus intervenciones tenga que ver con los incidentes registrados al término de la última manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), cuando grupos de manifestantes agredieron a periodistas y se intentó tomar por la fuerza la cámara. Después de estos sucesos, los Comités de Defensa de la República (CDR) apadrinados por Torra negaron haber convocado la protesta frente al edificio del Parlament.