El separatismo cuece a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. La falta de unidad de los partidos inquieta a las entidades y agita a sus bases, que plantean toda suerte de iniciativas. La última, una acampada de duración indefinida que colapse alguna vía de comunicación clave en la actividad económica del principado. Tras el "tsunami democràtic", una plataforma en redes sociales para coordinar la respuesta a la sentencia, ha aparecido "Ens Plantem" (nos plantamos), la organización fantasma que propone la acampada.
El propósito de esta entidad es el mismo que el del "tsunami", un pronunciamiento de carácter popular que paralice la economía de Cataluña y precipite otra declaración unilateral de independencia, pero con resistencia en la calle, a la manera de las protestas en Hong Kong.
Según los digitales independentistas, esta nueva plataforma de protesta está formada por miembros de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el recién creado "tsunami" y los imprescindibles en toda movilización separatista Comités de Defensa de la República (CDR). Se trata de gentes que de manera espontánea están dispuestos a organizarse para superar la dinámica e instrucciones de los partidos e instituciones con la finalidad de dificultar la movilidad y bloquear servicios e infraestructuras. Se plantean llevar a cabo la acampada antes del 27 de octubre y prevén movilizar a un mínimo de diez mil personas.
A la espera de que se concrete la acampada (la nueva entidad tiene una página web con una cuenta atrás en la que informará de los detalles), Òmium ha convocado para este viernes una concentración frente a la consejería de Economía al objeto de conmemorar el segundo aniversario del asedio contra la comitiva judicial que registraba despachos en dicho departamento. A consecuencia de esos hechos fueron enviados a prisión preventiva los Jordis, Sànchez y Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium y convocantes de la manifestación que degeneró en graves incidentes.
Petición de prisión para nueve CDR
También se registraron incidentes durante el traslado de los golpistas presos a Madrid para la celebración del juicio a consecuencia de los cuales se investiga a nueve personas adscritas a los CDR. El hecho de que el gobierno autonómico se haya personado como acusación y pida quince años de cárcel (más que la fiscalía según informe el digital nacionalista El món) para estas personas ha soliviantado a la CUP, los CDR y otras bases del separatismo, que exigen a Quim Torra la retirada de las acusaciones. A los encausados ya se les conoce como "los nueve de Lledoners" y disponen de la preceptiva cuenta en Twitter para recabar la solidaridad formal del separatismo.
Según el departamento de Interior, estas personas habrían cometido delitos de robo, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Los afectados y sus patrocinadores destacan que mientras Torra y sus consejeros, incluidos los de ERC, hablan de desobediencia civil, los abogados de la Generalidad solicitan prisión para ellos.