Los 9 CDR detenidos querían atentar contra un cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona. Según fuentes de la investigación consultadas por esRadio y Libertad Digital, podría tratarse del cuartel de la benemérita en el municipio barcelonés de Canovelles, una localidad a dos kilómetros de Granollers, que tiene un importante simbolismo para el Instituto Armado porque el edificio tiene forma de tricornio.
En la investigación dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y la Fiscalía, se han desplegado cerca de 600 agentes de la Guardia Civil en Cataluña. Hasta el momento, se han efectuado 9 detenciones y se han realizado 10 registros con la finalidad de localizar y, en su caso, incautar pruebas que evidencien el avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con "fines secesionistas".
Durante los citados registros, se ha podido incautar abundante documentación y material informático para su estudio y análisis. Entre la documentación, se habría localizado una lista de objetivos en la que figuraría el citado cuartel de la Guardia Civil, además de referencias a otras inmuebles de titularidad del Estado.
Fuentes de la investigación consultadas han confirmado que tenían en su poder sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles de ser empleadas en la fabricación de artefactos. Exactamente, entre esas sustancias, se ha encontrado ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina, además de papeles con las fórmulas y porcentajes para realizar las mezclas.
Pero, lo que ha desencadenado la operación, es que los investigadores han podido constatar que estos CDR ya habían probado sus propias bombas caseras en un mina abandonada. De hecho, en uno de los registros que se han llevado a cabo se ha encontrado, incluso, un recipiente que contenía ya algunas de las sustancias mezcladas, configurando lo que se cree que es una mezcla reactante para provocar explosiones conocido como Termita.
Según fuentes de la investigación, "ante la certeza de que las acciones, con capacidad letal, se iban a perpetrar aprovechando el periodo comprendido entre el aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O de 2017 y el anuncio de la sentencia del juicio del procés, se ha decidido proceder a la detención de los implicados para abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños y víctimas mortales debido a lo avanzado de sus preparativos".
Aunque se considera neutralizada la amenaza, no se descarta "la existencia de otros proyectos aislados tendentes a la consecución del mismo fin". La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue abierta, no descartándose más detenciones.