El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decretado prisión provisional comunicada sin fianza para los 7 integrantes de los CDR (Comités de Defensa de la República) por delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para estragos, y fabricación y tenencia de explosivos.
El magistrado considera que "existen Indicios de que los 7 arrestados forman parte de los ERT (Equipos de Respuesta Táctica), una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas". Además, el juez entiende que "concurren los requisitos para acordar la prisión, como la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva".
García Castellón mantiene la causa bajo secreto de sumario mientras se analiza "la numerosa documentación incautada en esta operación judicial". El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras tomarles declaración durante aproximadamente 4 horas.
Según el Ministerio Público, el objetivo de los arrestados era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". "La gravedad de las penas que tales delitos conllevan, el riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas han determinado la solicitud de la medida cautelar solicitada", indicaba la Fiscalía.
Según los investigadores, los CDR detenidos este lunes en Cataluña en el marco de la Operación Judas querían atentar supuestamente contra una casa cuartel de la Guardia Civil del municipio barcelonés de Canovelles, una localidad a dos kilómetros de Granollers. La Guardia Civil encontró mapas y planos del acuartelamiento. La investigación continúa bajo secreto de sumario.
Durante el operativo, se desplegaron cerca de 600 agentes de la Guardia Civil y se efectuaron un total de 9 detenciones y 10 registros en viviendas y locales en distintas localidades de Barcelona. El objetivo, incautar pruebas que evidencien el avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con "fines secesionistas". Dos de los arrestados fueron puestos en libertad con cargos, tras comparecer ante la benemérita.
Los arrestados tenían en su poder sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles de ser empleadas en la fabricación de artefactos. Exactamente, entre esas sustancias, se encontraba ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina, además de papeles con las fórmulas y porcentajes para realizar las mezclas.
Los investigadores habrían podido constatar que estos CDR ya habían probado sus propias bombas caseras en un mina abandonada. De hecho, en uno de los registros se encontraba, un recipiente que contenía ya algunas de las sustancias mezcladas, configurando lo que se cree que es una mezcla reactante para provocar explosiones conocido como Termita. Dos de los CDR confesaron a la Guardia Civil la tenencia de las sustancias explosivas.
Querían "atentar" entre el 1-O y la sentencia del TS
Según la Fiscalía, "ante la certeza de que las acciones, con capacidad letal, se iban a perpetrar aprovechando el periodo comprendido entre el aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O de 2017 y el anuncio de la sentencia del juicio del procés", se decidía proceder a la detención de los implicados "para abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños y víctimas mortales debido a lo avanzado de sus preparativos".
Aunque se considera neutralizada la amenaza, el Ministerio Público no descartaba "la existencia de otros proyectos aislados tendentes a la consecución del mismo fin". La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue abierta, no descartándose más detenciones.