El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, quiere saber qué agentes de la Policía Nacional requisaron las urnas del referéndum ilegal del 1-O. Así, ha pedido al ministerio del Interior la relación de los policías de la Brigada de Información y Policía Judicial que prestaron servicio en la capital catalana durante la votación separatista organizada por la Generalidad.
En su instancia, el magistrado exige a la Secretaría de Estado de Seguridad el número de identificación de los policías, categoría profesional, función, grupo al que estaban asignados y colegios en los que actuaron.
Francisco Miralles, el juez más celebrado por los medios independentistas y círculos antisistema, ha pedido también los atestados del día, el plan de actuación para el cumplimiento de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum, así como los protocolos de actuación de los antidisturbios de la Policía Nacional, la circular sobre el uso de material antidisturbios, el manual de formación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las normas básicas de actuación de estas unidades.
El juez también reclama al Tribunal Supremo que le remita las declaraciones de los jefes de los Mossos Ferran López y Miguel Castellví, así como correos electrónicos cursados por López al jefe del operativo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
Miralles lleva desde cuatro días después del 1-O investigando la actuación de la Policía Nacional en Barcelona a consecuencia de la denuncia del gobierno de la Generalidad, el Ayuntamiento de la capital catalana y de varios particulares. Su penúltima providencia ha sido la de citar a declarar a ocho inspectores de la Policía Nacional, que tendrán que desfilar por el juzgado entre este miércoles 9 y el viernes 11. Según el auto, "procede acordar la declaración de los funcionarios directamente responsables de las operaciones concretas realizadas en cada uno de los colegios investigados, debiendo ser convocados en calidad de investigados para salvaguardar su derecho de defensa".