El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha reiterado que el Gobierno no está autorizado a entrar en la Abadía para exhumar los restos de Francisco Franco. En respuesta a una misiva de Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación, el prior insiste en que no la autoriza. Y también responde al Supremo, que en su respuesta este miércoles al recurso de la familia Franco, daba por "decaída" la negativa del prior a la exhumación porque estaba condicionada a la decisión de los tribunales.
"Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", reza la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.
El prior explica que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, precisa que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados".
El prior dice que el TS aún no ha contestado a la abadía
Carmen Calvo informaba al prior en su carta, enviada vía mail, de que el Gobierno va a proceder a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo y le pedía que comunicara su posición sobre la misma en el plazo de cinco días.
Ahora, Cantera ha respondido a la vicepresidenta que la sentencia del Supremo no se refiere al recurso presentado por la comunidad benedictina sino al de la familia Franco. "La sentencia que me anexa se refiere a un procedimiento en el que esta Abadía no ha sido parte y, por tanto, no resuelve alegaciones esenciales planteadas en nuestro recurso", subraya el prior.
En concreto, se refiere a "la vulneración de la libertad religiosa" de su comunidad al pretender actuar en un lugar sagrado, la basílica, y sobre una "res sacra" (sepultura), "sin la preceptiva autorización eclesiástica".
Además, precisa que en su demanda, los monjes alegaban en su mayor parte vulneraciones de derechos fundamentales "cuya última palabra no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
La exhumación viola "derechos fundamentales"
"El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el Ordenamiento ofrece ante una violación de derechos fundamentales", dice el prior, que añade que no solo se mantienen las razones que alegaron en su momento para negar el acceso a la Abadía sino que "se han agravado" en el transcurso del procedimiento administrativo y judicial ante el hecho de que, según la tesis del Gobierno "la inviolabilidad de los lugares de culto, y las cosas sagradas, depende de lo que decida una ley nacional", lo que, a su juicio, es "inadmisible".
"Si autorizáramos ahora la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos, como nos opondremos, a la exhumación de los 20 monjes de la Abadía que yacen en el cementerio de la Abadía", añade.
En una nota de prensa posterior a la publicación de la carta, el prior del Valle de los Caídos añade que con su posición la Abadía "no ha desacatado, en modo alguno, ninguna sentencia del Tribunal Supremo", en primer lugar, porque indica que su recurso aún no ha sido resuelto y, en segundo lugar, porque "el Acuerdo del Consejo de Ministros reconoce expresamente necesitar de la autorización eclesiástica".
Los escollos pendientes para sacar a Franco
En efecto, la situación está aún lejos de estar resuelta. El Supremo, que contestaba este mismo miércoles a una petición de aclaración de la familia Franco sobre el fallo, respondiendo que la sentencia es "clara", aún debe decidir sobre la suspensión cautelar de la exhumación, dictada en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador del valle.
Esa medida aún pesa sobre otros recursos no resueltos, entre ellos el de la comunidad benedictina del Valle, citado por el prior en su carta; el de la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
También está pendiente una comunicación del alto tribunal al titular del juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid, José Yusty, que tiene paralizada de manera cautelarísima la licencia de obras para levantar la losa de la tumba de Franco en el Valle.