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Villarejo asegura que grabó a Garzón hablando de la operación contra Liaño en el restaurante donde se gestó Gürtel

Villarejo afirma en la denuncia adelantada por LD que el Grupo Prisa le encargó "inutilizar fuentes periodísticas" para provocar la caída de Liaño.

Villarejo afirma en la denuncia adelantada por LD que el Grupo Prisa le encargó "inutilizar fuentes periodísticas" para provocar la caída de Liaño.
Baltasar Garzón | Cordon Press

El comisario José Villarejo asegura que grabó a Baltasar Garzón hablando sobre la operación del Grupo Prisa para desbancar a Javier Gómez de Liaño de la carrera judicial y paralizar la investigación del caso Sogecable. La conversación grabada habría tenido lugar en el mismo restaurante donde se gestaron los preparativos de la operación Gürtel.

En la denuncia presentada por Villarejo en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, adelantada en exclusiva por Libertad Digital, el comisario encarcelado hace referencia a la citada conversación con Garzón: "Años después, solo comentamos de pasada, recuerdos sobre el asunto con Baltasar Garzón durante una comida que mantuvimos junto con dos altos cargos de la Policía, coincidiendo con los preparativos de la operación Gürtel, en el restaurante Lur Maitea en la calle Fernando el Santo, 4 de Madrid. Al no estar solos, no nos excedimos en los detalles señalando, eso sí la coincidencia del estar en el mismo restaurante en el que se preparó la operación contra este juez (Javier Gómez de Liaño)".

Después, Villarejo afirma que los encuentros los grabó y que las cintas las custodia la Audiencia Nacional: "Algunas de estas reuniones fueron grabadas con grabadoras de pequeño tamaño provistas de microcintas que, salvo alguna que recientemente había facilitado al CNI para obtener una copia digitalizada, el resto estaba depositada en la caja fuerte del domicilio de Boadilla del Monte que primero fue registrado. En estas microcintas además de en soporte en papel correspondiente a diversas notas por escrito se encuentra la acreditación documental de una gran parte de lo expuesto en esta denuncia". Además, el comisario solicita un exhorto al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional para que remita las microcintas a los Juzgados de Plaza de Castilla.

A continuación, el comisario asegura que uno de los encargos del Grupo Prisa consistió en presionar al propio Garzón si fuese necesario: "En caso de que no funcionaran otras acciones, de las que no se me informó con detalles, salvo que participaban en ellas el Sr. Auger (Clemente Auger) y el Sr. Navalón (Antonio Navalón), debería actuar yo. No hizo falta. Debería hacer llegar al entorno del Sr. Garzón una copia de los datos que obtuve con ocasión de la operación Veritas y que nunca los oficialicé por desconfiar del uso que se estaba dando a los mismos por parte del Sr. Belloch (Juan Alberto Belloch) y la Sra. Robles (Margarita Robles) , especialmente".

"Algunos de mis colaboradores de entonces", añade el escrito, "habían informado de la existencia de esos datos a la cúpula de Interior del PSOE pero, al ganar las elecciones en 1996 el Partido Popular, ya no pudieron utilizarlos". En la denuncia, recuerda también cómo conoció al magistrado actualmente inhabilitado: "Conocí a Baltasar Garzón a raíz de ordenarme el PSOE a través de la Sra. Robles la operación Veritas para presionarle y que dejara de instruir sobre el GAL, tras su enfrentamiento con el Sr. Belloch. A través de José Oneto, Pedro Páramo y otros, inicié las buenas relaciones que tenía hasta mi detención".

Garzón y el caso sogecable

Recordamos que en septiembre de 1997, Baltasar Garzón instruyó el incidente de recusación contra Javier Gómez de Liaño planteado por el entonces consejero delegado de El País y Sogecable, Juan Luis Cebrián, por supuesta enemistad manifiesta y tener interés indirecto en el proceso. Garzón se abstuvo de resolver la recusación que Cebrián había presentado contra Liaño, argumentado que había tenido conocimiento de una supuesta trama contra el presidente de Prisa, Jesús de Polanco, urdida por Gómez de Liaño, el juez Joaquín Navarro Estevan y el abogado Antonio García Trevijano. El Supremo investigó los hechos y lo archivo por "la inconsistencia" de la denuncia.

Dos años más tarde, Garzón testificaba que el fiscal Ignacio Gordillo y el propio Gómez de Liaño habían mentido ante el Supremo en el juicio que se celebraba contra éste último por la supuesta comisión de tres delitos de prevaricación en el "caso Sogecable". Garzón aseguró entonces que, tras la admisión de la denuncia contra "Sogecable", en febrero de 1997, la fiscal María Dolores Márquez de Prado (esposa y defensora de Liaño), comentó: "Vamos a hacer la revolución judicial para acabar con el sistema político corrupto y con el felipismo".

"Inutilizar fuentes periodísticas"

Villarejo menciona en la denuncia presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid que otra de las labores que le encomendó el Grupo Prisa para propiciar la caída de Liaño fue "inutilizar fuentes periodísticas".

"Se trataba de boicotear los flujos de información que desde el interior de la Audiencia y/o del entorno de los declarados enemigos del Sr. Polanco y, en especial del Sr. Cebrián, se transmitirían a periodistas díscolos, teniendo verdadera obsesión por el Sr. Cacho (Jesús Cacho) y el Sr. Gutiérrez, entre otros. A raíz de actuaciones para el PSOE, en temas que pude haber intervenido como Ibercorp, Filesa y otros, se consideró que debiera procurar conocer el origen de la información que favorecía la instrucción de Sogecable y en la medida que fuera necesario, frustrarla todo lo máximo posible", afirma en la denuncia.

"Desde la fiscalía de la Audiencia Nacional, en especial, el Sr. Gordillo, así como habituales fuentes de la información económica, en especial despachos de abogados y afines, fueron poco a poco neutralizados con un aceptable nivel de éxito".

Los hechos denunciados por Villarejo ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid que inicialmente iban a prescribir el próximo martes 15 de octubre, se prorrogarán 6 meses tras la presentación de la denuncia, tal y como recoge el artículo 132.2.2ª del Código Penal. Ahora, los Juzgados madrileños deberán decidir si aceptan a trámite la denuncia.

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