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Ruptura de la unidad de discurso en el Partido Popular sobre la sentencia del 1-O

Discrepancias entre los que prefieren no entrar a comentar la sentencia y los que están "decepcionados" con el fallo.

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Discrepancias entre los que prefieren no entrar a comentar la sentencia y los que están "decepcionados" con el fallo.
Pablo Casado este martes. | EFE

Nada más conocer este lunes la sentencia del golpe secesionista, Pablo Casado aseguraba en una entrevista en Antena 3 que se había tratado de un proceso "ejemplar". El líder del Partido Popular evitaba entrar a valorar si estaba de acuerdo o no con la condena por sedición, y no por rebelión, a los separatistas y prefería mirar al futuro poniendo encima de la mesa las reformas del Código Penal que llevará a cabo si llega al Gobierno.

En un momento de su discurso en el Congreso de los Diputados, incluso llegaba a asegurar que a ellos "no les correspondía valorar la sentencia". Extremo que no comparten algunos de sus compañeros de partido en privado y otros en público. Es el caso de la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que este martes en una entrevista en Cope decía que está "bien comentar" las sentencias y que es algo "compatible con la defensa absoluta del Estado de derecho y del Tribunal Supremo".

Tras ello, aseguraba que le costaba disimular su "decepción con algunos aspectos de la sentencia" y que "compartía la posición de la Fiscalía" ya que "lo vivido el 5 y 6 de septiembre y el 1 de octubre, que yo estuve en Sant Julià de Ramis, no me pareció un simulacro ni una ensoñación. La propia declaración de independencia no parecía un señuelo para negociar". Se refería así al argumento que ha dado el Alto Tribunal para descartar la rebelión calificando el proceso separatista como una "ensoñación" o "quimera" para obligar al Gobierno de Mariano Rajoy a negociar un referéndum de autodeterminación.

Una "decepción personal" que para Álvarez de Toledo "es compatible con la defensa del Estado de derecho y el respeto a una sentencia" que representa la "derrota del totalitarismo" y demuestra que "no hay impunidad en España ya que estamos en una grandísima democracia".

La número uno del PP por Barcelona no seguía así la línea argumental marcada este lunes por Pablo Casado. Pero Álvarez de Toledo no es la única en el Partido Popular que se siente "decepcionada" por algunos aspectos de la Sentencia.

Desde Génova creen que con estas voces no hay una "ruptura" de discurso dado que aportan "matices" ya que en el PP "no somos monolíticos" y lo que "todos defendemos es el respeto a las decisiones judiciales".

"No somos monolíticos"

"Respeto" que volvía a mostrar Pablo Casado en un acto en Ávila en el que participaba este martes y en el que se refería de nuevo a la sentencia afirmando que España "en el día de ayer, se vio reconfortada al ver que la instituciones funcionan y que el Estado se impone frente a los que quieren quebrar la convivencia".

El líder del PP insistía en la necesidad de reformar el Código Penal y respondía al Gobierno que este lunes lo calificó de "inoportuno". "A veces, se necesita que los políticos le demos herramientas a los jueces para poder dictar sentencias que se adapten más a la gravedad de lo que ha sucedido y a las nuevas realidades delictivas que hay en España", decía Casado.

Por eso, "es compatible decir que respetamos la sentencia y que alabamos el trabajo que ha hecho el Supremo pero al mismo tiempo que vemos ciertas carencias en el ordenamiento jurídico después de que el PSOE, en los 90, suprimiera alguna calificación penal que hoy hubiera sido de utilidad a la hora de calificar los hechos delictivos de los políticos independentistas".

Por ello, desde el PP insisten en plantear una serie de medidas que endurezcan el Código Penal y que Casado llevará a cabo si llega al Gobierno recuperando, por ejemplo, "el delito de rebelión impropia que hubiera permitido probablemente que los españoles se sintieran mas identificados con la sentencia y que los jueces del Supremo hubieran podido dictar una sentencia de acuerdo con el alegato de la Fiscalía y con el escrito inicial de la Abogacía del Estado antes de que lo cambiaran una vez que Sánchez estuviera en el Gobierno".

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