El magistrado Pablo Llarena mantendrá la Orden Europea de Detención y Entrega por delitos de sedición y malversación contra el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, en los demás países de la UE aunque Bélgica rechace su entrega.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el instructor del Tribunal Supremo no se plantea retirar la euroorden bajo ningún concepto y si Bélgica se niega a entregar a Puigdemont tras la sentencia sobre el 1-O del Supremo, la OEDE seguirá activa para que pueda hacerse efectiva en todo aquel país que pise el expresidente catalán.
Estas mismas fuentes sostienen que la estrategia de Llarena supondrá un prueba de fuego para el funcionamiento, ya muy cuestionado, y la utilidad de las OEDE. "Se demostrará la confianza y la colaboración judicial entre los países de la UE", añaden.
La pregunta ahora es si la condena contra los golpistas del 1-O por sedición del Supremo allanará el camino de la entrega de Puigdemont. Otras fuentes consultadas aseguran que "el proceso de entrega de Puigdemont empieza de cero" y que la condena del Supremo "no facilitará" su extradición a España, aunque sí servirá para que nuestro país tenga mayor capacidad de presión. En todo este proceso de la OEDE, el llamado "principio de doble incriminación" es clave. Dicho principio establece que para que pueda estudiarse una extradición es necesario que la conducta por la que se solicita constituya un delito con arreglo a la legislación del Estado requirente y del Estado requerido.
En este contexto, estas fuentes apuntan que la defensa del expresidente catalán fugado intentará retrasar todo lo posible su posible entrega llegando incluso a plantear una eventual cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, sobre su inmunidad parlamentaria que alargaría el proceso hasta "año y medio".
Si la OEDE siguiera adelante, Puigdemont podría estar barajando huir a Suiza, donde permanecen las fugadas exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. El país helvético es un "paraíso" para los llamados "delitos políticos", en el que se engloba la sedición, lo que haría prácticamente imposible la entrega del expresidente catalán a España.
Recordamos que Llarena decidió retirar la anterior euroorden contra Puigdemont en julio del año pasado, después de que Alemania rechazase su entrega por rebelión y la acordara únicamente tramitarla por un delito de malversación de fondos públicos.
La OEDE contra Puigdemont tras la sentencia del 1-O
Pablo Llarena dictaba la orden europea e internacional de detención y entrega de Carles Puigdemont, acordando su búsqueda e ingreso en prisión, tras conocerse la sentencia del 1-O. El instructor consideraba plenamente justificada la petición en tal sentido cursada por la Fiscalía, tal y como adelantaba Libertad Digital.
El auto de Llarena sobre la OEDE recordaba que si "la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión".
En ese sentido, Llarena destaca que en la UE "rige el principio de confianza en el funcionamiento de los Jueces y Tribunales de otros países –principio libremente asumido por los Estados miembros–, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas".