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La Guardia Civil investiga si los Mossos facilitaron el acceso a los CDR para tomar el Aeropuerto de El Prat

Según fuentes policiales consultadas por LD, la benemérita sospecha que cortaron al tráfico la carretera C-31 para que los radicales llegaran en masa.

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Según fuentes policiales consultadas por LD, la benemérita sospecha que cortaron al tráfico la carretera C-31 para que los radicales llegaran en masa.
Los CDR en el aeropuerto de El Prat | EFE

La Guardia Civil investiga si los Mossos d'Esquadra facilitaron el acceso a los CDR para tomar el Aeropuerto de El Prat de Barcelona. Según fuentes policiales consultadas por Libertad Digital, la benemérita sospecha que cortaron el tráfico de la carretera C-31 que enlaza la ciudad con el aeropuerto para que los radicales pudieran llegar en masa caminando.

Este lunes, cerca de 10.000 personas bloqueaban los accesos de la instalación aeroportuaria, impedían el paso a los viajeros y alteraban el tráfico aéreo, tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O. Los radicales independentistas protagonizaban incidentes con la Policía Nacional y los propios Mossos. El ataque fue organizado por la entidad Tsunami Democràtic y por los Comités de Defensa de la República, CDR. El Aeropuerto de El Prat era finalmente desalojado a última hora de la noche del lunes.

Estas mismas fuentes sostienen que la Guardia Civil realizará pesquisas para comprobar si la hora a la que los Mossos ordenaron el cierre al tráfico de la carretera C-31 pretendía evitar problemas de seguridad ciudadana, o como sospechan, tenía como objetivo "facilitar la llegada de los radicales al aeropuerto". Para ello, "revisarán las cámaras de seguridad" con el fin de poder comprobar si en el momento en el que los agentes de la policía autonómica catalana tomaron la decisión, la afluencia de personas lo justificaba por motivos de seguridad o no.

Como consecuencia del colapso en el aeropuerto, un pasajero de origen francés de 65 años fallecía tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, después de tener que andar tres kilómetros a pie. Un total de 56 personas resultaban heridas, según informaba el Sistema de Emergencia Médicas (SEM). Los dos heridos más graves eran un hombre que sufrió el estallido de un globo ocular y múltiples heridas faciales, y otro de 30 años que perdió parte de un testículo durante los enfrentamientos. El ataque a esta infraestructura crítica de la ciudad catalana provocaba también la cancelación de 108 vuelos de los 1.066 previstos.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, anunciaba este martes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan ya quiénes son los responsables del intento de bloqueo del aeropuerto de El Prat. Se está estudiando qué personas hay tras las organizaciones que convocaron el acto, principalmente la de Tsunami Democràtic como promotor de las protestas. También cómo se organizan a través de aplicaciones móviles y quién les financia.

"Por supuesto que hay investigaciones, tenemos unos servicios de Inteligencia eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democràtic", afirmaba Grande Marlaska, que añadía que estos incidentes tienen la apariencia de "hechos delictivos muy graves".

El papel de los Mossos

No es la primera vez que el papel de los Mossos está bajo sospecha. Durante la investigación y el posterior juicio del 1-O, agentes de Policía Nacional y Guardias Civiles denunciaron haber sido espiados y vigilados por agentes de la policía autonómica catalana. Igual de polémico fue su papel durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando permitieron y facilitaron la votación o incluso participaron en el traslado de las urnas y en el recuento de los votos.

De hecho, el próximo 20 de enero arrancará en la Audiencia Nacional el juicio contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y otros tres miembros de la antigua cúpula del Cuerpo por el 1-O y por los incidentes ocurridos el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía y Hacienda. La Fiscalía pide hasta 11 años de prisión para tres de los cuatro acusados por los delitos de rebelión. El fallo del Supremo influirá sin duda en el devenir de este juicio.

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