La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado registrar el domicilio y el despacho del abogado Gonzalo Boye, en una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública. El operativo está siendo desarrollado por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional.
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, en el marco de esta operación también se están registrando otras dos propiedades en la Comunidad de Madrid que corresponderían a dos supuestos testaferros. A esta hora, la causa sigue secreta y no se han practicado detenciones.
Boye es uno de los abogados que defiende al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Fuentes de la investigación confirman a este diario que en la causa se investiga el presunto blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico, más concretamente el histórico capo de la droga en Galicia, Sito Miñanco.
Boye fue abogado de, José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. El año pasado lo defendió en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra contra el capo y varios miembros de su familia. Miñanco fue condenado en esta causa a cuatro años de prisión y al pago de una multa de seis millones de euros por blanqueo.
El abogado encabezó la lista de JxCat al Europarlamento en las elecciones del próximo 26 de mayo, después de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que excluyó a Puigdemont, y a los exconsejeros, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Gonzalo Boye fue condenado a 14 años de prisión por colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, que se produjo en el año 1988 durante 249 días. En 1992 fue detenido junto a otros ciudadanos chilenos por su vinculación con el secuestro de Revilla y la organización marxista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) originario de Chile.
Gonzalo Boye estudió derecho durante su condena en prisión. Reapareció en escena cuando se presentó como abogado particular tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Con posterioridad ha figurado en causas relevantes como el caso Bárcenas. Ahora es abogado de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española tras el golpe de Estado del 1-O.