Las críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de los disturbios de la pasada semana en Barcelona y el resto de las capitales catalanas son unánimes entre los cinco sindicatos de la Policía Nacional con representación en el Consejo del Cuerpo. Creen que el operativo no ha estado bien planteado, llegando a poner en riesgo la salud de los agentes, y que no se les ha dotado de todo el material necesario.
En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos tradicionales del cuerpo (SUP, CEP, UFP y SPP) han exigido a Marlaska la "contundencia" que no se ha utilizado estos días. "Exigimos al Ministerio del Interior refuerzos humanos inmediatos. Reclamamos el empleo de materiales imprescindibles en orden público que ya tenemos, como el camión de agua, tanquetas o vehículos BMR. Pero, sobre todo, exigimos contundencia", dicen los representantes de los agentes.
"En la gestión del terrorismo callejero no es suficiente una actuación policial de contención, que deje en manos de los violentos una ciudad durante tantas horas. Hay que intervenir allí donde se produce el disturbio y hacerlo con la misma técnica y firmeza que se haría en cualquier otra parte de España", añaden, para denunciar que "los violentos buscaban la muerte de algún policía" y "sólo la profesionalidad de los compañeros y su valor ha evitado una desgracia".
Los cuatros sindicatos han calificado de "auténticos héroes de la democracia" a los agentes que están participando en la gestión de los disturbios, que han calificado de "terrorismo callejero". De la misma forma, han pedido tanto condecoraciones para estos agentes como que la Fiscalía General del Estado se implique "en la lucha contra el terror" pidiendo "imputaciones por terrorismo" y el ingreso en prisión de los detenidos.
Jupol, el actual sindicato mayoritario en el cuerpo, que nació de la reivindicación de equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas, también ha censurado el operativo de Interior. Su secretario general, José María García, ha calificado la planificación de "completamente nefasta"y ha asegurado que "al Gobierno le interesan más los votos del 10N que la seguridad de los policías".
En esta línea, ha avanzado que su sindicato policial está redactando una denuncia que interpondrá próximamente en los tribunales contra el ministro del Interior; el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras; y contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario principal José Ángel González.
Cataluña, "zona conflictiva"
Por otra parte, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), una de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha insistido en las últimas horas en la necesidad de que Cataluña sea considerada como una "zona conflictiva" para los agentes del Instituto Armada, en la línea del País Vasco y Navarra, para que los agentes allí destinados cobren un complemento extra por el complicado ambiente en el que realizan su trabajo.
Esta solicitud no es nueva, pues ya fue llevada al Consejo en noviembre de 2016 por varias de las asociaciones profesionales representativas, pero fue rechazada por la dirección de la Benemérita a instancias de los entonces responsables del Ministerio del Interior, entonces en manos del Partido Popular.
"La evolución del deterioro social que se sufre en Cataluña, especialmente desde septiembre y octubre de 2017, lejos de tender hacia la normalización, deriva a un conflicto social cada vez más radicalizado en lo que se refiere a la aceptación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y en concreto, por lo que respecta a la Guardia Civil, no solo hacia la Institución o más personalmente hacia sus miembros, sino también hacia sus familiares, sus hijos, su entorno, en algunos casos sus negocios. En general, a su vida social cotidiana", dice la asociación.
"Si bien la situación no ha derivado en actitudes mucho más violentas, como ya hemos tenido que sufrir los guardias civiles a lo largo de la historia, no es menos cierto que muchos guardias civiles se están planteando cambiar de destino a otras zonas más apacibles, donde poder desarrollar una vida normal. Da igual que ya estuvieran arraigados durante muchos años en Cataluña. La presión, especialmente a los familiares y por encima de todo a los menores, está determinando replantearse una solución drástica cambiando de destino", añaden.