La sentencia sobre el caso de los ERE se retrasa. Se trata de la mayor causa de corrupción destapada en España y que protagonizó la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE. Según la Fiscalía Anticorrupción, 800 millones de euros fueron desviados desde la Consejería de Empleo a empresas supuestamente en crisis vinculadas con cargos socialistas. Esta trama tuvo lugar entre los años 2000 y 2010 durante los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, "la sentencia no está terminada todavía". Mañana 26 de octubre, 10 meses después de que finalizase el juicio, termina el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, concedió al magistrado ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, para redactarla. En los últimos días, Peña ha remitido un escrito a la Sala de Gobierno del TSJA en la que "seguramente haya solicitado una prórroga", apuntan.
Este mismo martes, podría conocerse el contenido del citado escrito remitido por el magistrado ponente de los ERE. Si finalmente, el magistrado ha pedido la prórroga y la Sala la acepta, la sentencia no se conocería antes de las elecciones generales del 10 de noviembre. Este hecho allanaría el camino de la campaña electoral del PSOE, que no se vería salpicada por su mayor caso de corrupción.
Los expresidentes andaluces socialistas se sentaron en el banquillo de los acusados junto a 6 exconsejeros y 13 exaltos cargos de sus ejecutivos en la conocida como pieza principal de los ERE. Esta macrocausa de corrupción del PSOE debía desgajarse en 270 causas distintas, una por cada ayuda irregular concedida por la Junta con cargo al denominado fondo de reptiles.
Chaves y Griñán se enfrentan a una condena de inhabilitación por prevaricación. Griñán también se enfrenta a la petición de condena de la Fiscalía de 6 años de cárcel por malversación continuada. A 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación se enfrentan los ex directores de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez; y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.
Estos 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz de la etapa del PSOE aguardan ahora la sentencia que debe dictar la Audiencia Provincial de Sevilla. El juicio se prolongó durante un año a lo largo de 152 sesiones en las que declararon 120 testigos y finalizó el 17 de diciembre de 2018.
La investigación de la causa se inició el 9 enero de 2011, cuando la titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrieron unas diligencias que dieron lugar al caso ERE. Después de que Alaya fuese relevada por la juez María Núñez Bolaños, la instrucción era torpeada y paralizada. Hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado estos hechos y el CGPJ inspecciona actualmente a Núñez Bolaños.