Algo más de 1.500 agentes de la Policía Nacional que se encuentran desplazados en Cataluña, como parte del dispositivo de seguridad extraordinario que hay en la región desde días antes de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes golpistas, vivirán este domingo un situación paradójica. Por un lado, serán los encargados de garantizar el derecho a voto de millones de ciudadanos, pero por el otro, se quedarán sin poder ejercer su propio derecho a voto.
Esto se debe a que los últimos relevos enviados por el Ministerio del Interior, principalmente de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), no fueron informados con antelación suficiente de que iban a ser desplegados fuera de su zona durante la jornada electoral, por lo que no solicitaron el voto por correo pensando que iban a poder hacerlo de forma presencial, pero ahora no podrán votar al estar ese día trabajando lejos de sus domicilios.
Tres de los sindicatos policiales con representación en el Consejo de la Policía (Jupol, SUP y UFP) solicitaron a principios de esta semana a la Junta Electoral Central (JEC) que ampliase el plazo de solicitud del voto por correo de forma extraordinaria para que estos agentes pudiesen ejercer su derecho al sufragio activo, pero se han encontrado en las últimas horas con una respuesta negativa por parte de la autoridad electoral.
a contestación de la #JuntaElectoralCentral es inaceptable.
— SUP (@Sup_Policia) November 6, 2019
í trata este Gobierno a cientos de policías que velan por el libre ejercicio de un derecho fundamental de todos los españoles.#Elecciones10N#SupSeguridadJuridica pic.twitter.com/BSGpMDfLQW
La JEC dice en su escrito de respuesta a estos sindicatos que "ha examinado las solicitudes" y ha tenido en cuenta "las circunstancias excepcionales planteadas" pero que, después de recibir los informes que le han remitido la Oficina del Censo Electoral, Correos y Telégrafos y la Dirección General de Política Interior no puede acceder a la petición porque esos votos, debido a la cercanía de la jornada electoral, no llegarían a tiempo a las meses electorales que les corresponden.
El órgano dice que la única forma para que se pudiese hacer sería modificando el procedimiento de voto por correspondencia establecido en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) y que la Junta Electoral Central "carece de habilitación legal para poder llevarlo a cabo".
La respuesta no ha gustado a los sindicatos policiales. Jupol lo ha considerado un "ataque directo" al derecho de los agentes. El SUP ha afirmado que la respuesta es "inaceptable" y cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Así trata este Gobierno a cientos de policías que velan por el libre ejercicio de un derecho fundamental de todos los españoles". UFP, por su parte, está estudiando cómo responder jurídicamente a la JEC para que no se prive a los agentes su derecho al voto.