Los fiscales dan por hecha la salida de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra y el viraje del Ministerio Público respecto a Cataluña con la llegada de Podemos al Gobierno de coalición que negocia Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Las fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital consideran que Segarra "tiene los días contados", tras demostrar "su independencia" en la causa sobre el golpe del 1-O juzgada por el Tribunal Supremo, que terminó con una condena por sedición para los líderes golpistas. Las mismas fuentes barruntan que el pacto de Sánchez con Iglesias traerá consigo la elección de un nuevo fiscal general más permeable a los deseos del nuevo Ejecutivo, que permita un acercamiento a los separatistas. También se rebajaría la firmeza mostrada por el Ministerio Público en los últimos años en la propia Cataluña.
El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que "el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato podrá cesar cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto". Mientras, el artículo 31.2 recoge que "el mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años". Es decir, Segarra se encuentra actualmente en funciones y podría volver a ser nombrada.
Si los hechos acaecidos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña vuelven a repetirse, el cambio de criterio en la Fiscalía General del Estado podría "provocar enfrentamientos internos", con la llegada de un nuevo fiscal general que se dedicara a seguir las órdenes del Ejecutivo en contra de la independencia del Ministerio Público.
Según la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la Fiscalía rige "el principio de imparcialidad" por el que los fiscales actúan "con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados". El Gobierno puede "interesar" del fiscal general del Estado que "promueva ante los tribunales" actuaciones en "defensa del interés público", aunque es el fiscal el que decide sobre la "viabilidad o procedencia" de la petición tras pronunciarse la Junta de Fiscales de Sala del Supremo.
El papel de la Fiscalía en Cataluña con Segarra
El Ejecutivo socialista designaba a Segarra en junio del pasado año en sustitución de Julián Sánchez Melgar, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que había permanecido sólo 6 meses en el puesto para relevar a su vez al fallecido José Manuel Maza. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales UPF de la que también es miembro la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.
Segarra llegó al cargo sólo unos meses antes de que la Fiscalía presentara el informe de acusación para el juicio sobre el golpe del 1-O. Lejos de imponer el criterio del Ejecutivo del PSOE, que sí recogió la Abogacía del Estado y que conllevó el cese del abogado del Estado, Edmundo Bal, Segarra mantuvo la firmeza mostrada por los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena para acusar a los procesados de un delito de rebelión. Su decisión no gustó en Moncloa, especialmente a un Sánchez que quiere otro perfil para ocupar la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público ha desarrollado un papel bastante activo en Cataluña durante su mandato y se querellaba en marzo contra el presidente catalán, Quim Torra, por desobediencia tras negarse a retirar los lazos amarillos golpistas de los edificios públicos. Por este motivo, Torra se sentará en el banquillo de los acusados del TSJC el próximo 18 de noviembre y podría ser condenado a ser inhabilitado.
Este mismo martes, Segarra ordenaba investigar "la posible trascendencia penal" de la reiterada desobediencia del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent y el resto de miembros de la Mesa, por permitir la tramitación de mociones y propuestas sobre la autodeterminación que son contrarias a la Constitución. Tampoco hay que pasar por alto el trabajo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la causa contra los CDR detenidos en el marco de la 'Operación Judas', que son investigados por terrorismo, tenencia y fabricación de explosivos y conspiración para causar estragos.
La indignación con las declaraciones de Sánchez
Cabe recordar que los fiscales siguen muy indignados con Pedro Sánchez, después de que en los días previos a las elecciones del 10-N diese por hecho que el Ministerio Público seguiría sus órdenes para traer a España al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, asegurando lo siguiente: "¿La Fiscalía de quién depende, del gobierno? Pues ya está".
Desde la asociaciones de fiscales recordaron que en el juicio del 1-O, la Fiscalía "siempre defendió su independencia" al mantener la acusación por rebelión, frente a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que finalmente optó por acusar por sedición.