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El 'fondo de reptiles' de los ERE financió ferias de artesanía de Ayuntamientos del PSOE, IU y Partido Andalucista

La sentencia detalla cómo la Consejería de Empleo utilizó fondos del programa 31L para "fines distintos y ajenos" a los de los presupuestos.

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La sentencia detalla cómo la Consejería de Empleo utilizó fondos del programa 31L para "fines distintos y ajenos" a los de los presupuestos.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán | Archivo

El 'fondo de reptiles' de los ERE financió hasta 16 ferias de artesanía de Ayuntamientos gobernados por el PSOE, IU y el Partido Andalucista. La Audiencia Provincial de Sevilla condenaba este martes a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación al expresidente andaluz socialista, José Antonio Griñán, por delitos de malversación y prevaricación y al también expresidente andaluz del PSOE, Manuel Chaves, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

En la sentencia de 1.821 folios, la Audiencia Provincial de Sevilla desgrana como los responsables de la Consejería de Empleo utilizaron los fondos del programa 31L, el llamado 'fondo de reptiles', para "fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo", además de para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis.

Entre ellos, la "colaboración en la financiación de 16 Muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo, por municipios andaluces, en los ejercicios 2002 a 2004, de los cuales 14 eran regidos por el PSOE, uno por el PA (Partido Andalucista), y uno por IU, en la fecha de la concesión, y siendo mayoritariamente pertenecientes a la provincia de Sevilla, sólo uno en Jaén y dos en Cádiz".

En este apartado, el magistrado ponente Juan Antonio Calle Peña hace referencia también a "facturas emitidas por las mercantiles TAPSA y CICM, derivadas de varios contratos de campañas de comunicación sobre Fomento de Empleo, por un total de 3.386.017,00 euros"; o la "financiación del protocolo suscrito el 16 de diciembre de 2002, por el acusado José Antonio Viera por el cual la Consejería de Empleo realizará las actuaciones encaminadas a la cesión al sistema de emergencias 112 Andalucía de las dependencias correspondientes a las alas noroeste y Suroeste de la sexta planta del edificio Pabellón de Italia.

El 'fondo de reptiles también fue dirigido a financiar "el programa de formación el voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería, asumiendo el pago de 180.304 euros, para la realización de cursos on line" o la "financiación de la Campaña de divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, que supuso el abono a la entidad CENFORPRE de 491.424,43 euros".

El programa 31L también fue destinado a las "subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC, S.A., FCC Medio Ambiente, S.A., y CESPA, S.A., como consecuencia de la suscripción del convenio colectivo en 2006, que puso fin a la conflictividad laboral de la limpieza pública de Granada. El pago de estas cantidades se realizó mediante la suscripción de pólizas de seguros, figurando la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social como tomadora, y beneficiarios, las mercantiles CESPA, S.A. y FCC Medio Ambiente, S.A., habiendo percibido, cada una de ellas, las cantidades de 276.222,24 euros.

Por último, en los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2009 y 2010, se destinaron 1.192.000 euros para el pago a la Fundación San Telmo, del "Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales". Sólo en estas partidas descritas, la cantidad defraudada superó los 6 millones de euros.

Las consecuencias económicas para la Junta de Andalucía

La Audiencia Provincial de Sevilla asegura que "sin el mecanismo ya descrito, hubiera sido imposible que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, hubiera dispuesto de fondos para conceder y pagar a través de IFA/IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía), los conceptos ya reseñados, sin la tramitación del expediente debido, que permitiese acreditar, no ya sólo el fin público o social del destino de las cantidades concedidas, sino que, suponiendo éste, se hubieran aplicado los fondos al mismo".

"Las consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta de Andalucía", añade la sentencia, "fueron claras e importantes, y con independencia de la decisión adoptada por ésta de no realizar ningún expediente de revisión o reintegro con respecto a las empresas por las denominadas ayudas sociolaborales, limitándose a los denominados intrusos o irregulares, y a las compensaciones recogidas en las Disposición Adicional 2ª del Decreto Ley de 4/2012, la propia administración autonómica, en escrito suscrito por el Director General de Relaciones Laborales, de fecha 12/12/2017 fija en 233 expedientes, la tramitación de revisión de oficio, por importe de 128.887.677,43 euros, pagados por el IFA/IDEA a empresas y entidades".

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