El Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla encargado del caso de los ERE ha abierto una nueva investigación al expresidente socialista andaluza, Manuel Chaves; al exconsejero, Gaspar Zarrías, y a 13 personas más, 8 de ellas ex altos cargos, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedido en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén. Chaves y Griñán ya fueron condenados a 9 años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Sevilla en la llamada 'la pieza política' de los ERE.
La cantidad de 3,7 millones es la que quedaría pendiente de vencimiento de un préstamo inicial de 5,8 millones, un préstamo "puente" que fue concedido a esta empresa por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.
En su auto, el juez atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado que estas 15 personas, entre ellas Chaves y Zarrías, declaren en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación, acordando en el mismo deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones.
Anticorrupción ha pedido al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 que abriera una nueva causa separada para investigar el citado préstamo que, en cualquier caso, "no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA"..
En un segundo auto de la misma fecha, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves y Zarrías, los exconsejeros de la Junta, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA, Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.
En este segundo auto, el magistrado también pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito elevado al Juzgado el pasado 20 de noviembre "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Por ello, asegura que "resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión" a Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo "puente" de 970 millones de pesetas --5,8 millones de euros--, otorgado por el antiguo IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 y formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999.
El juez añade que a través de este préstamo "podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos", una operación que no "tendría vinculación alguna con el denominado procedimiento específico ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo --a los fines indicados-- en favor de IFA/IDEA".
Además, los hechos investigados en esta nueva pieza separada "no habrían prescrito" teniendo en cuenta que, "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido, ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA".
Por último, el magistrado acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten "a la mayor brevedad posible". Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, "sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente".