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Laura Borrás se enfrentará a una petición de prisión de hasta 12 años

La Fiscalía solicitó ayer la imputación de la diputada de JxCat al Supremo, como avanzó LD, por malversación, fraude, falsedad y prevaricación.

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La Fiscalía solicitó ayer la imputación de la diputada de JxCat al Supremo, como avanzó LD, por malversación, fraude, falsedad y prevaricación.
Laurá Borrás junto a Quim Torra delante de la prisión de Lledoners | EFE

La diputada de JxCat, Laura Borràs, se enfrentará a una petición de hasta 12 años de cárcel y una posible condena de inhabilitación para cargo público por los delitos de malversación, fraude administrativo, falsedad documental y prevaricación que le imputa la Fiscalía del Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.

Tal y como avanzaba este lunes LD, el Ministerio Público solicitaba ayer al Alto Tribunal investigar a Borrás por favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares de forma fraccionada a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando se encontraba al frente de la Institución de las Letras Catalanas ILC entre los años 2013 y 2017. El ILC es un organismo público dependiente de la Generalidad. Dichos contratos menores eran inferiores a 18.000 euros cada uno para escapar del control.

En su escrito de 47 páginas, la Fiscalía del Supremo pedía a la Sala Penal del Supremo que "se declare competente para la investigación de la diputada nacional Laura Borrás" y se "admita a trámite la exposición razonada a los efectos de proceder a la toma de declaración de la citada diputada en condición de investigada, a la práctica de las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento y averiguación de los hechos, y a la adopción de las medidas cautelares que el desarrollo de la investigación demande y sean precisas a los fines del proceso penal".

Según el Ministerio Público, "quedan evidenciados claros y contundentes indicios de simulación documental continuada por parte de Isaías Herrero y Laura Borrás a la hora de confeccionar presupuestos atribuidos falsamente a personas y empresas que han negado su autenticidad".

"La finalidad última y única de esos documentos", añade la Fiscalía, "era su aportación a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual, encubriendo la decisión predeterminada de adjudicar todos los contratos a aquél y enmascarando el ilegal fraccionamiento contractual, motivos suficientes que impiden considerar como inocua esta conducta falsaria continuada".

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan la importancia de las posibles medidas cautelares citadas por la Fiscalía en su escrito que se puedan imponer a Borrás para evitar el riesgo de fuga. Recordamos que muchos de los dirigentes catalanes separatistas que participaron en el golpe del 1-O siguen huidos de la Justicia española, empezando por el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

La última palabra para iniciar un procedimiento judicial contra Borràs la tendrá ahora la Sala Penal del Supremo. Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía, la Sala de Admisión del Alto Tribunal tendrá que dictar un auto declarándose competente para investigar a la dirigente separatista catalana y designar a su vez a un juez instructor para iniciar la causa. Si el Supremo decide seguir adelante, Borrás será llamada a declarar en calidad de investigada ante el Alto Tribunal.

Borrás puede declarar voluntariamente

La titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, pedía la imputación de Borrás por los citados cuatro delitos la semana pasada en una exposición razonada remitida a Supremo. La dirigente de JxCat está aforada al ser diputada nacional y, además, es miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Por ello, deberá declarar de forma voluntaria, o ser citada como investigada, previa concesión del suplicatorio por el Congreso de los Diputados.

Las diligencias contra Borrás se iniciaron de forma secreta hace 2 años en un Juzgado de Manresa. El caso terminó en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona, tras la inhibición del citado Juzgado. Durante la investigación, se registraron numerosas escuchas telefónicas que demostrarían la ilegalidad de las adjudicaciones de Borrás como directora de la ILC.

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