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Andalucía

La sentencia de los ERE se refiere 5 veces a la responsabilidad del "gobierno" de la Junta de Andalucía

En el "gobierno en su conjunto" de 1999 que aprobó un préstamo presuntamente "simulado" estaban Carmen Calvo y los andalucistas.

(Sevilla)
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En el "gobierno en su conjunto" de 1999 que aprobó un préstamo presuntamente "simulado" estaban Carmen Calvo y los andalucistas.
Chaves y Griñán. | Europa Press

El gobierno "en su conjunto", en sentido estricto, es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, compuesto por el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía y todos sus consejeros y consejeras de las diferentes áreas. Todos ellos son responsables ante el Parlamento andaluz "de forma solidaria", según está escrito en la Ley de Gobierno de la Junta de Andalucía en su Título V, De las relaciones de la presidencia de la Junta de Andalucía y del consejo de gobierno con el Parlamento de Andalucía, capítulo I.

La sentencia de los ERE recientemente conocida y que ha acarreado la condena de dos ex presidentes y 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, se refiere cinco veces al "gobierno en su conjunto" como responsable de lo acontecido durante los 10 años contemplados de 2000 a 2009 en el caso de las ayudas sociolaborales que privilegiaron a algunas empresas y trabajadores para combatir mejor los efectos de la crisis económica mediante un procedimiento irregular y desigualador de derechos y oportunidades.

La primera mención se hace en la página 922 de la sentencia donde se dice textualmente:

"Además, teniendo en cuenta la relevancia de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, como tienen manifestado tanto Manuel Chaves, según el cual, las citadas ayudas formaban parte de los acuerdos de concertación social, que "eran el eje de cumplimiento del programa de gobierno", como Gaspar Zarrías, según el cual, era una decisión que partía del programa político, resulta contrario a la lógica y a las máximas de experiencia, que el Consejero no siguiera de cerca el desarrollo y evolución de la concesión de estas ayudas, habida cuenta la importancia que las mismas tenían no sólo para la Consejería de Empleo, sino para el gobierno en su conjunto".

Según este texto, tanto Manuel Chaves como Gaspar Zarrías habían publicitado que tales ayudas, ahora demostradamente irregulares, formaban parte de los acuerdos de concertación social que se firmaban periódicamente con la patronal y los sindicatos, CEA y UGT y CC.OO. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, llegó más lejos afirmando que la decisión partía del propio programa político con que el PSOE se presentó a las elecciones.

En la misma página, más abajo, se repite que tales políticas y procedimientos eran "uno de los ejes principales de las políticas de su Consejería (y del gobierno en su conjunto) y con el mayor peso relativo en su presupuesto, como fueron las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, programa 22E, posteriormente 31L" (bautizado por el ex director general Francisco Javier Guerrero como "fondo de reptiles").

En la página 1.454 se insiste en este razonamiento explicando que "la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto. Así, según Manuel Chaves "eran el eje de cumplimiento del programa de gobierno"; o, según Gaspar Zarrías, esta política nace del programa electoral". Así se reitera en la página 1.559.

En la página 1.524, se hace referencia a las propias explicaciones de Gaspar Zarrías, iniciador del procedimiento irregular según los hechos van demostrando. Para explicar su intervención en las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina, luego Cárnicas Molina, Zarrías confesó ante el Tribunal Supremo lo siguiente que era una decisión que partía del programa político del PSOE en las elecciones anteriores a los hechos.

Textualmente:

"Por lo tanto, esta política nace del programa electoral. Si consigues este respaldo electoral, lo llevas a un discurso de investidura, un discurso de investidura en el que cual planteas cuál va a ser el programa de gobierno durante los próximos cuatro años. Ese programa de investidura trae consigo lo que en Andalucía se produjo durante bastantes años, que son los acuerdos de concertación social, donde también se recoge, como una política, como una política entre empresarios, sindicatos y el Gobierno, estas ayudas a empresas en crisis y a los trabajadores víctimas de estas crisis. Tiene su traslación, evidentemente, a las partidas presupuestarias correspondientes y también figuran en los planes económicos plurianuales que se hacen por parte de la Junta de Andalucía, es decir, Señoría, si respondo a su pregunta ...".

El documento desaparecido

La Fiscalía Anticorrupción, en su petición de nueva imputación de Chaves, Zarrías y otros, ya decía que "ya en el año 1999 por parte de la Junta de Andalucía se conceden ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de trabajadores de Hijos de Andrés Molina, SA". La fecha es fundamental porque el año 1999 no ha estado contemplado en los hechos probados de la sentencia de los ERE.

Tras la petición de la Fiscalía, el juez de los ERE que sustituye provisionalmente a la juez Núñez Bolaños en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, a causa de su baja por enfermedad, decidió ayer imputar nuevamente al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y al ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías como contó ayer mismo Libertad Digital.

Por ello, ha abierto una nueva investigación al expresidente socialista andaluza, Manuel Chaves; al exconsejero, Gaspar Zarrías, y a 13 personas más, 8 de ellas ex altos cargos, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedido en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén. Chaves y Griñán, que ya fueron condenados a 9 años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Sevilla en la llamada 'la pieza política' de los ERE vuelven a ser imputados.

El origen de esta ayuda está en la reunión que el 16 de enero de 1999, mantuvieron Manuel Chaves y Gaspar Zarrías con el comité de empresa de Hamsa en Jaén, de la que hay constancia porque aparecen en una foto de ABC que daba cuenta del evento, sentados precisamente frente a Juan Lanzas, el conseguidor ex ugetista que tenía dinero "pá asá una vaca", ya intermediario de aquel acuerdo que luego firmaron Zarrías, consejero de la presidencia, que no de Trabajo ni de Empleo, y Miguel Ángel Ortega Bernal presidente entonces de la empresa Campocarne Andalucía S.A., lo que da una idea del carácter político de la ayuda.

Pero los documentos decisivos de esta operación no aparecieron nunca en el sumario del caso ya sentenciado de los ERE. Es lo que ha aprovechado ayer el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el popular Elías Bendodo, para acusar directamente a la Junta de Andalucía de haber mentido a los andaluces y ocultar el documento.

Bendodo, en nombre del gobierno, acusó ayer a Susana Díaz de "ocultar" información sobre el préstamo que se considera ya el "origen" del fraude de los ERE. Se conoció todo el pasado 21 de enero cuando de la agencia IDEA se remitió una documentación inesperada que documentaba las ayudas concedidas a la empresa jiennense.

El portavoz de la nueva Junta reveló que el documento de las ayudas a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina SA (Hamsa) fue aprobado directamente en el Consejo de Gobierno sin pasar por los conocidos como consejillos, esto es sin los controles previos de los viceconsejeros que dirigía el propio Zarrías. De hecho, la decisión de la ayuda a Hamsa se adoptó por el gobierno en su conjunto sin informe de la Intervención, sin informe de los servicios jurídicos y sin el correspondiente informa presupuestario.

Según Bendodo, el documento que da testimonio de estos hechos certifica que "el fraude de los ERE se diseñó en la sala de máquinas del Consejo de Gobierno. No eran cuatro golfos, ni cuatro técnicos", que además definió el caso ERE, y contó ABC, como "el mayor ataque a la autonomía andaluza".

Carmen Calvo era parte del "gobierno en su conjunto" que aprobó el préstamo presuntamente "simulado".

Pero, ¿quiénes formaban parte del "gobierno en su conjunto que aprobó aquella ayuda de forma irregular en 1999? Pues Manuel Chaves y su consejo de gobierno que había tomado posesión el 17 de abril de 1996. Eran los siguientes:

Consejero de la Presidencia: Gaspar Zarrías Arévalo
Consejero de Gobernación: Carmen Hermosín Bono
Consejero de Economía y Hacienda: Magdalena Álvarez Arza
Consejero de Relaciones con el Parlamento: Antonio Ortega García
Consejero de Trabajo e Industria: Guillermo Gutiérrez Crespo
Consejero de Obras Públicas y Transportes: Francisco Vallejo Serrano
Consejero de Agricultura y Pesca: Paulino Plata Cánovas
Consejero de Turismo y Deportes: José Núñez Castain
Consejero de Salud: José Luis García de Arboleya y Tornero
Consejero de Educación: Manuel Pezzi Ceretto
Consejero de Cultura: Carmen Calvo Poyato
Consejero de Medio Ambiente: José Luis Blanco Romero
Consejero de Asuntos Sociales: Isaías Pérez Saldaña

Destaca, sobremanera, la presencia de la actual vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo Poyato, en un "gobierno en su conjunto" que aprobó de forma presuntamente irregular una ayuda suculenta a una empresa amiga sin los controles debidos. Pero además, sobresalen dos consejeros que formaban parte del Partido Andalucista, ya desaparecido, que formaba coalición con el PSOE desde 1996.

Con motivo de estos hechos, por ahora, el juez Vilaplana ha decidido incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

Es más, el juez, en un segundo auto, define que a través de este préstamo a HAMSA, "podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos", hechos cometidos antes de los contemplados en el juicio de los ERE.

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