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La Operación Sophia, una misión encallada para beneficio de las mafias de la inmigración

La ausencia de embarcaciones impide que se cumplan los objetivos. La misión agoniza a esperas de que pueda ser relanzada en marzo.

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Hubo un tiempo, hace no mucho, en el que los países de la Unión Europea luchaban codo con codo contra las mafias que se lucran de la inmigración ilegal en el Mediterráneo Central. Sus buques militares hacían frente a estas organizaciones, destrozando sus lanchas y deteniendo a sus integrantes, mientras rescataban a miles de inmigrantes desesperados por llegar a Europa que iban a la deriva en embarcaciones a punto de hundirse.

El control de la operación se ejercía desde Roma. Desde allí se movían todas las fichas sobre el tablero. Por un lado, las embarcaciones militares que controlaban la navegación entre las costas de Libia –un país en conflicto bélico interno desde hace casi una década y utilizado como base por las mafias– y el sur de Italia. Por el otro, los medios aéreos que desde el sur del país transalpino controlaban desde el aire el Mediterráneo Central.

España era uno de los países más comprometidos. Mientras el resto de países ponían tanto medios aéreos como marítimos de forma rotativa, en periodos de cuatro o seis meses de despliegue, y nunca coincidían poniendo medios de los dos tipos a la vez, nuestro país tenía de forma permanente un avión de vigilancia aérea y una embarcación formando parte del dispositivo de la misión.

En los años en los que la Operación Sophia fue totalmente operativa, según cifras oficiales, se detuvo a más de 150 sospechosos de traficar con personas, se destruyeron más de 550 embarcaciones de estas mafias de la inmigración, se verificó la actividad de más de 2.500 barcos que navegaban por la zona y se rescató y salvó la vida, debido a las pésimas circunstancias en las que se había lanzado al mar, a más de 45.000 inmigrantes.

Las cifras no han variado un ápice desde entonces. La razón es que la operación se encuentra totalmente encallada desde el pasado mes de marzo. La UE no se atrevió a cerrarla del todo, pero la dejó en estado agonizante, sin ni un solo medio marítimo asignado, aunque los destacamentos aéreos siguen controlando la zona desde el aire. Sigue el destacamento español en la base de Sigonella y otro aliado de forma rotatoria, pero apenas sirve para nada.

El problema fue el mismo que cuando la misión se puso en marcha. Veinte de los países de la UE se comprometieron a participar en la misma, tanto poniendo medios militares como participando en el reparto posterior de los inmigrantes que iban a ser rescatados. La idea europea –y exigencia del Gobierno de Roma– es que Italia no podía hacerse cargo de todas las personas que fueran rescatadas.

La premura de las circunstancias hizo que la misión se pusiera en marcha sin concretar las cuotas de inmigrantes que correspondían a cada país. Se confió en que era algo que se podía solucionar posteriormente, lo importante era ponerse manos a la obra y salvar vidas. Pero nunca se ha hecho. Italia estuvo cargando sola durante años con todos los inmigrantes que fueron rescatados hasta que dijeron basta el pasado mes de marzo.

El entonces hombre fuerte del Gobierno italiano, Mateo Salvini, forzó la situación para que la misión quedase en su actual estado agonizante hasta que ese reparto de inmigrantes fuera una realidad. Ahora, sin Salvini en Roma, algunos países europeos presionan para volver a activar la operación Sophia y que las unidades marítimas vuelvan a tener la operatividad que tuvieron en sus inicios.

España y Francia son los dos países que más fuerza están haciendo para que la misión vuelva a ser lo que fue a partir de marzo de 2020. También cuenta con el apoyo decidido de Polonia, que sabe que del apoyo que dé a los tres grandes países del sur en este tipo de misiones dependerá la mayor o menor implicación de éstos en los despliegues litares destinados a frenar la amenaza rusa que tanto aterra en Varsovia.

De hecho, la Armada española tiene una embarcación preparada para poder incorporarse a la misión, en cuanto se reactive la misma, en un plazo máximo de 14 días, lo que demuestra la disposición a regresar a la mar del Gobierno de Pedro Sánchez tan pronto como sea posible.

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