La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que mantenga la orden de detención nacional e internacional contra el presidente catalán fugado Carles Puigdemont, como avanzó Libertad Digital este viernes.
En un escrito de 10 páginas remitido este lunes al magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena, sobre la situación de Puigdemont y el exconsejero también fugado, Toni Comín, el Ministerio Público solicita que "se mantengan las medidas cautelares personales actualmente vigentes para los referidos procesados: prisión provisional, órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía, que sólo podrá dejarse sin efecto cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen".
La Fiscalía también solicita que "se comunique a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo el mantenimiento de las medidas cautelares para salvaguardar los fines del proceso penal". Además, insta a que se pida "a la mayor urgencia posible, al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad, conforme a lo establecido por el artículo 9, párrafo 3º, del Protocolo de acuerdo con la interpretación establecida y a los efectos previstos por la sentencia del TJUE", sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
Por último, el Ministerio Fiscal pide que se remita de "forma inmediata a la autoridad de ejecución de Bélgica la remisión al Parlamento Europeo de la solicitud de suspensión de la inmunidad, al objeto de que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega hasta tanto el Parlamento Europeo decida sobre tal petición".
Según el Ministerio Público, la inmunidad es "una garantía diseñada para extender sus efectos frente a maniobras, iniciativas o acciones judiciales que pretendan alterar el funcionamiento y la composición de la institución legislativa, así como la independencia de sus miembros, y no para proteger de forma inmediata, creando así un inadmisible limbo parlamentario, a los miembros de la misma frente a procesos penales que, como en el caso de autos, se han iniciado, tramitado y concluida la instrucción, antes incluso de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo y de su elección como eurodiputados. La inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jursidiccional".
En este contexto, la Fiscalía del Supremo destaca que la presentación de Carles Puigdemont y Antoni Comín "como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo, y su elección en esa fecha, se han producido ya procesados y habiéndose fugado previamente de la Justicia española, por lo que eran plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos".
"Cabe inferir razonablemente", añade la Fiscalía, "que lo que pretendían en realidad era acogerse al paraguas de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentario con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce", concluye.
"Solo podrían detenerme si me pillasen con cocaína"
Minutos antes, el prófugo ha asegurado en una entrevista en la emisora del conde de Godó que la inmunidad de la que goza en su condición de eurodiputado le permitiría viajar por España y solo podría ser detenido si cometiera un delito flagrante. Como ejemplo ha puesto el transporte de 25 kilos de cocaína en su coche o el atraco a un banco. "Y aún así tendrían que pedir un suplicatorio", ha añadido.
Puigdemont ha descartado, sin embargo, instalarse en España "porque no hay una situación normal" debido a lo que califica de "presos políticos" y prefiere "luchar" desde un lugar "libre". A pesar de estas consideraciones, también ha fantaseado con su regreso a España y en evidente contradicción ha declarado que lo primero que hará será "visitar a los presos".
También ha apuntado que le gustaría hacer algún acto político en Perpiñán, que según sus teorías forma parte de Cataluña. En cuanto a un hipotético adelanto electoral en Cataluña, Puigdemont ha descartado esa posibilidad y ha apostado por agotar la legislatura, que concluiría en diciembre de 2021. Además ha negado que Junts per Catalunya (JxCat) se esté planteando crear la figura de un consejero jefe para anular al vicepresidente Pere Aragonès (ERC) en caso de que Torra se vea obligado a dejar el cargo de presidente de la Generalidad por la inhabilitación a la que se ha sido condenado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.