El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha reunido con la vicepresidenta de la región de Murcia, Isabel Franco, y han acordado establecer un calendario de reuniones con otras comunidades, como Madrid, Castilla y León, Galicia, Extremadura o Valencia, para impulsar asuntos de interés como la reforma de la financiación autonómica, el IVA, las entregas a cuenta, el trasvase Tajo-Segura o los MENA, ante los "ataques" que se están produciendo por parte del Gobierno central a "comunidades que no son del PSOE o Podemos".
En declaraciones a los periodistas tras mantener la reunión en San Telmo -sede de la Presidencia del Gobierno andaluz-, Marín ha insistido en las situaciones "completamente injustas" que están viviendo estas comunidades y en la necesidad de que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así ha señalado que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, está intentando "arrojar al precipicio del incumplimiento del déficit de 2019 no llevando a cabo el pago del IVA y las entrega a cuenta", que suma unos 1.350 millones de euros, en "una actuación arbitraria". Además, ha criticado la decisión de "interrumpir" el trasvase Tajo-Segura, que "perjudica a Murcia, Levante y Almería" en un sector como el agroalimentario, "gran motor económico para Andalucía".
Por su parte, la vicepresidenta de la región de Murcia, Isabel Franco, ha destacado que "juntos", Andalucía y Murcia, pueden "llegar más lejos" y pueden avanzar en cuestiones "importantísimas" como la atención a los menores no acompañados, las políticas de inmigración o la financiación autonómica.
"Creemos que el Gobierno central está levantando un cerco ante aquellas comunidades que no le son afines y pretende que todos los ciudadanos paguen sus decisiones, cuando es su incapacidad para formar gobierno", ha subrayado.
Así, en cuanto al trasvase Tajo-Segura, una decisión "más incompresible si cabe", ha indicado que "como mínimo van a defender los intereses de los regantes de la región de Murcia, Andalucía y Alicante". "Este Gobierno está tomando una deriva injusta e insolidaria con una zona donde está demostrada la escasez hídrica. No vamos a retroceder en unos derechos que llegaron tarde y que deben mantenerse y consolidarse", ha subrayado.
Valencia presenta un recurso
No sólo hay indignación por el recorte en el trasvase en comunidades del PP: la consejera de Agricultura del Ejecutivo autonómico valenciano, Mireia Mollà, ha presentado un recurso contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de recortar a 7,5 hectómetros cúbicos el envío de agua del Tajo-Segura por considerar que esta decisión contradice el acuerdo de explotación.
"Recurriremos la decisión que castiga injustificadamente y por segundo mes consecutivo a los regantes alicantinos. El Ministerio nos tendrá de frente en esta intención -en referencia al cierre del Tajo-Segura- que no vamos a tolerar ni por acción ni por omisión", ha asegurado la consejera al conocer el recorte hídrico, que se publicó en el BOE del viernes 20 de diciembre.