El gesto de la Abogacía del Estado que pidió ERC sobre Oriol Junqueras y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha paralizado los planes de Pedro Sánchez para una investidura inminente. Los republicanos reclaman un escrito que abogue por que Junqueras pueda salir de prisión; la defensa del ex vicepresidente catalán, por su parte, exige su "inmediata liberación" e incluso la nulidad de la sentencia.
Pese a que según admitieron fuentes de ERC sólo quedaban "flecos" en las negociaciones, el escrito se ha convertido en un escollo de difícil solución, con los abogados del Estado resistiéndose a firmar un papel de innegable contenido político. Los plazos tampoco están de parte de Sánchez: la intención del presidente era primero ser presidente antes de final de año aunque posteriormente la fecha que se barajó como más probable era la del 2, 3 y 5 de enero, según avanzó Ketty Garat. El tiempo, sin embargo, corre también en su contra: este jueves Margarita Robles recordaba que el Supremo permitió a las partes cinco días hábiles para presentar sus alegaciones, con lo que la Abogacía del Estado podría retrasar su decisión hasta el día dos, lo que supondría que no habría debate de investidura hasta después de Reyes, puesto que el Congreso de los Diputados ha de convocar el pleno con al menos 24 horas de anticipación.
En esta situación, el presidente del Gobierno en funciones ha decidido no hablar ante los medios en una de las comparecencias más importantes del año, la posterior al último consejo de ministros de 2019. Según han informado fuentes de Moncloa, Pedro Sánchez no comparecerá este viernes por el momento político actual, con las negociaciones aún por concluir, pendientes de que se concrete la necesaria abstención de los republicanos.
En este contexto, en Moncloa no consideran que sea momento para que el presidente haga balance, cuando todo el proceso para su posible investidura sigue abierto, según fuentes consultadas por EFE. Se saltará así una tradición instaurada por José Luis Rodríguez Zapatero y seguida cada año, a excepción de 2011, porque Mariano Rajoy había sido investido presidente apenas diez días antes. Rajoy, sin embargo, sí compareció cuando estaba en funciones en 2015, tras las elecciones de ese año.
Entre tanto, el socio clave de Sánchez, Pablo Iglesias, maniobra para facilitar la negociación con ERC, con la primera reunión formal con líderes del partido. El pasado lunes, Iglesias se entrevistó en el Congreso con el presidente de ERC en el Parlamento de Cataluña, Sergi Sabrià, y con la diputada Carolina Telechea. Hasta el momento, los contactos habían sido informales y siempre en un segundo plano. Según informa Efe, en la reunión no se alcanzó acuerdo alguno.
La oposición, mientras, sigue criticando la utilización por parte del Gobierno de la Abogacía del Estado para que la investidura fructifique. El líder del PP, Pablo Casado, ha dicho este jueves que la Abogacía del Estado "representa los intereses de España" y ha afirmado que "es intolerable" que la investidura "esté pendiente de informe sobre un delincuente", en referencia a Oriol Junqueras. "Junqueras está condenado por sedición y no debe tener privilegios discrecionales", ha escrito en Twitter.
Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que la investidura dependa de Junqueras y Puigdemont: "Quién me iba a decir a mí que iba a tener que decir en la sede institucional de la Xunta que los políticos que mandan hoy en España son (Oriol) Junqueras y (Carles) Puigdemont. En 40 años de democracia nunca un representante público se vio en la obligación de aceptar hechos tan duros y pesimistas", ha advertido al término de la reunión semanal de su Ejecutivo.
"(Junqueras) Y después el señor Puigdemont. Son los que van a decidir y cuándo va a ser. Los demás estaremos atentos a sus gestos, decisiones, proclamas y manifestaciones", ha esgrimido el presidente gallego, quien ha dado por "hecho" el "pacto" y ha censurado que se "mezcle" con las negociaciones "un informe de la Abogacía del Estado".
"Ese es el nivel en el que se mueve la cuarta economía del euro", ha reprobado.
Mientras, también en Twitter, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que la Abogacía del Estado "no es un instrumento del Gobierno" y debe "someterse al principio de legalidad y al interés general". "Si no lo hace tendrá que responder por ello, como cualquiera", ha avisado.