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Torra reúne a los grupos separatistas y a su gobierno para decidir si convoca elecciones o resiste en el cargo

El presidente de la Generalidad, en manos de la mayoría separatista tras la negativa del Supremo a revocar su inhabilitación.

(Barcelona)
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La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo no aprecia la urgencia alegada por los abogados del presidente de la Generalidad, Quim Torra, para suspender de manera cautelar la resolución de la Junta Electoral Central que le retira la condición de diputado por un delito de desobediencia. Si puede seguir o no como presidente autonómico es una cuestión que debería dilucidar el Parlamento catalán y que queda en manos de la mayoría separatista salvo que Torra decida tirar la toalla y convocar elecciones.

Poco después de la resolución del Supremo Torra ha convocado al presidente de la cámara autonómica y a los grupos parlamentarios separatistas en el palacio de la Generalidad. Tras ese primer encuentro celebrará un consejo extraordinario de gobierno, previsto sobre las 13:15 horas y después realizará una declaración institucional que podría incluir la convocatoria de elecciones autonómicas.

El artículo 67.2 del Estatuto de autonomía especifica que la cámara elegirá al presidente de entre los diputados, pero no dice nada si dicho presidente pierde la condición de diputado durante su mandato, grieta que permite al Parlamento regional mantener a Torra en su cargo si así lo cree conveniente la mayoría.

Vacío estatutario

La Junta Electoral Central (JEC) también adujo ese vacío en el reglamento autonómico en su resolución sobre la inhabilitación como diputado de Quim Torra. Los partidos separatistas interpretaron que la JEC suspendía a Torra también como presidente y sobre esa especulación montaron un pleno extraordinario el pasado sábado 5 de enero para ratificar al sucesor del prófugo Carles Puigdemont.

El escenario deja en manos de Torra y los diputados separatistas la decisión de anticipar las elecciones autonómicas o tratar de proseguir la legislatura. En JxCat son partidarios de manejar los tiempos electorales en función del desgaste que pueda provocar en ERC el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. Sobre esa conveniencia pesan los plazos del propio Tribunal Supremo, que debatirá seguramente a las puertas del verano el recurso presentado por la defensa de Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condena a Torra un año y medio de inhabilitación por haberse negado a retirar una pancarta separatista del balón del palacio autonómico en periodo electoral.

En el momento en el que dicha sentencia sea firme, Cataluña estaría abocada a unas elecciones autonómicas salvo que los partidos separatistas se pongan de acuerdo en elegir a un diputado como nuevo presidente, posibilidad que nadie contempla. Se da la circunstancia además de que Pere Aragonès, el vicepresidente regional y segundo de Junqueras en ERC, no es diputado, por lo que podría asumir la presidencia de la Generalidad de manera interina durante un plazo máximo de dos meses pero no ser elegido presidente.

Adelanto inevitable

En este contexto, el adelanto electoral es casi inevitable. La duda está en si será Torra quien lo precipite o la legislatura decaerá por la decisión del Tribunal Supremo siempre que confirme la sentencia del TSJC. En este último caso, las autonómicas serían el próximo otoño

Las resoluciones de la JEC y del Supremo permiten que sean los diputados quienes manejen el futuro inmediato de Torra, a quien tanto en ERC como incluso en JxCat dan por sobradamente amortizado. La condena del TSJC ya le dejó tocado y es cuestión de meses que el Tribunal Supremo confirme la sentencia de un juicio en el que Torra llegó a autoinculparse.

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