"Preocupación", "estupor" y "extrañeza" en el mundo fiscal y judicial tras la elección de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado a propuesta del socialista Pedro Sánchez.
Según las fuentes fiscales y jurídicas consultadas por Libertad Digital, su nombramiento ha caído como un jarro de agua fría. Preocupa su estrecha relación con el exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso de las escuchas ilegales en el caso Gürtel: "Poner a Delgado de fiscal general es poner a Garzón".
También preocupa la "mala relación" o la "tensión" de Delgado con algunos de los fiscales del Supremo que llevan los asuntos más importantes relacionados con el golpismo catalán. Una circunstancia que podría generar conflictos internos y polémicas. Estas mismas fuentes sostienen que la gestión de Delgado como ministra de Justicia durante su año y medio de mandato ha sido polémica y no se comprende como tras "fracasar como ministra puede ser elegida fiscal general del Estado".
Las grabaciones de Villarejo
Delgado está "muy marcada" por el escándalo del caso del comisario José Villarejo. Trascendieron grabaciones en las que se podía escuchar a Delgado llamar "maricón" a su hasta ahora compañero de Gobierno, Fernando Grande-Marlaska.
Villarejo reconocía en dichas grabaciones haber creado una "agencia de modelos" para sonsacar "información vaginal" a políticos, "gente importante" e integrantes de consejos de administración. Delgado respondía entonces a Villarejo: "Éxito garantizado".
Respecto a la politización de la justicia, estas fuentes sostienen que como "Delgado ha sido ministra con Sánchez y ahora la ha propuesto como fiscal general, puede despachar directamente con él y no con el ministro de Justicia, puenteando a Juan Carlos Campo". Esto supondría la violación consumada de la separación de poderes.
Recordamos que el fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y tiene carácter de autoridad en todo el territorio español.