El acuerdo de PP, Cs y Vox para los presupuestos en Murcia, que supone la incorporación del denominado pin parental, ha puesto en pie de guerra a la oposición, con el Gobierno central a la cabeza. Con el nombre de "pin parental", que recuerda a los mecanismos de los padres para proteger a sus hijos de contenidos para adultos en el móvil o la televisión, la iniciativa alude al hecho de que los padres sean informados sobre las charlas o contenidos sobre "ideología de género" que se imparten en el colegio en horario escolar y puedan autorizar o no la asistencia de sus hijos, de forma similar a lo que se hace con una excursión.
La medida estaba incluida en el programa electoral de Vox y fue protagonista de una campaña de Hazte Oír el pasado mes de septiembre. No consiste en un pin en sí, sino de un formulario para que los padres soliciten a los directores de los colegios ser informados previamente de cualquier taller o actividad que afecte a "cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los hijos". En la circular que tendrían que enviar los directores a los padres, se incluiría la petición de una autorización expresa de los padres a que sus hijos asistan a dicha charla.
El modelo de solicitud propuesto por Vox, "Pin parental Solicitud de información previa y autorización expresa", pedía al director de colegio que facilitara "una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección". "De no contar con dicha información previa y sin mi autorización firmada previamente a su impartición, le solicito como director del Centro, que exima la asistencia de mi hijo/a a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea alternativa durante la impartición de la citada actividad", establece el formulario, que arranca citando los "derechos como padre" del firmante:
"Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que me asisten como padre, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas...".
Murcia y el pin parental
El pin parental está incluido en los doce puntos del acuerdo del presupuesto murciano, referente a la "autorización paterna para la participación en actividades complementarias". En concreto, el punto establece que "se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias a la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constitución".
En la práctica, está implantado desde comienzos de curso en Murcia: en las instrucciones que mandó en agosto la Consejería de Educación a todos sus centros educativos se pedía la autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades complementarias.
El requerimiento del Gobierno
Precisamente la Constitución es lo que ha invocado el Gobierno para justificar su rápida reacción a la medida. Isabel Celaá, la ministra de Educación, ha considerado que el pin parental es contrario al "derecho fundamental y constitucional" de toda persona, "desde su nacimiento", a ser educada. "No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres", ha añadido, para proclamar que es "absurdo" e "ilegal" cuestionar ese derecho a la educación de los menores.
Según ha dicho, las actividades complementarias en horario lectivo "se aprueban en el Consejo Escolar" de los centros educativos "donde tienen presencia las familias", y se trata de contenido "de obligado cumplimiento para cursas la enseñanza".
Por todo ello, el Ejecutivo ha enviado un requerimiento a la Región de Murcia para que retire la medida y ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos. Irene Montero, presente en la rueda de prensa, ha anunciado a su vez que comparecerá en la Comisión del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia doméstica al considerar que el pin parental supone "una clara ruptura" del mismo, ya que incluye la educación afectivo-sexual".
"Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios", "en libertad y en feminismo", "de amar a quien quieran y cuando quieran", ha dicho en su estreno en la mesa Montero.
Las CCAA que podrían seguir a Murcia
En Andalucía, en el acuerdo presupuestario de PP-A, Ciudadanos y Vox se recogía esa medida sobre el pin parental, consistente en "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias" con el objetivo de "impulsar la igualdad de oportunidades que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".
En Madrid, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha condicionado su apoyo a los presupuestos de la región para 2020 a la aprobación, entre otras, de medidas que garanticen la libertad educativa, ámbito en el que ha enmarcado el pin parental.