Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el exdirector de los Mossos, Pere Soler; el que fuera nº 2 de Interior catalán, César Puig; y la intendente de los mossos, Teresa Laplana.
Los cuatro serán juzgados desde el 20 de enero hasta el 19 de marzo por un delito de rebelión, excepto Laplana por sedición, por la actuación de los Mossos en el asalto a la Consejería de Economía catalana el 20 de septiembre de 2017 y en el referéndum ilegal del 1-O.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía sostiene que entre septiembre y octubre de 2017 los acusados "constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista".
En ese plan, dice el escrito, cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra, "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".
El Tribunal del Supremo condenó a los líderes golpistas del 1-O por un delito de sedición y no de rebelión como defendía la Fiscalía. La incógnita es si la llegada de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado provocará un cambio en la acusación del Ministerio Público que hasta el momento no ha sido modificado.
En diciembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señaló que "en este momento procesal" no tiene previsto modificar su acusación de rebelión. Eso sí, "sin perjuicio de lo que resulte tras iniciarse el juicio oral". Por tanto, el Ministerio Público podría modificar la acusación en cualquier momento del juicio, aunque no se haría efectiva hasta la presentación de las conclusiones definitivas.
El papel de Trapero en el 20-S y el 1-O
Durante el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, Trapero declaró como testigo. En su comparecencia, se desvinculó del "proyecto independentista" del Gobierno catalán de Carles Puigdemont, al que, dijo, instó a poner fin al referéndum, al tiempo que le advertía de que el 1-O iba a haber "necesariamente" problemas de orden público y seguridad ciudadana.
Según el exmayor de los Mossos en una reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017, trasladó a Carles Puigdemont, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Interior catalán, Joaquim Forn, que la policía autonómica no "iba a quebrar nunca con la legalidad ni con la Constitución".
El tribunal del 1-O recogió como hecho probado en su sentencia que Trapero avisó al Gobierno catalán "de la posible concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos" el 1-O, y aconsejó que se suspendiera la votación.
Respecto a los incidentes registrados el 20-S frente a la Consejería de Economía, Trapero aseguró en el juicio que se implicó "personalmente" para garantizar que la comisión judicial saliese del recinto tras recibir una llamada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Recordamos que la secretaria judicial tuvo que abandonar la Consejería descolgándose por el tejado del edificio.
El tribunal y los fiscales
El tribunal que juzgará a la cúpula de los Mossos por su actuación el 1-0 está compuesto por tres magistrados adscritos a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Concepción Espejel: presidenta de la Sala de lo Penal y de su sección primera desde junio de 2017. Tras haber presidido la Audiencia Provincial de Guadalajara fue vocal del Consejo General del Poder Judicial CGPJ a propuesta del Partido Popular.
Francisco Javier Viera: expresidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura APM.
Ramón Sáez: Fue vocal del CGPJ a propuesta de IU entre 1996 y 2001. Está considerado como uno de los miembros más progresistas de Jueces para la Democracia.
Por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional asistirán al juicio los dos fiscales del caso, Pedro Rubira y el teniente fiscal y portavoz, Miguel Ángel Carballo.