Realismo mágico en la Audiencia Nacional. El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, insiste en que la policía regional luchó a brazo partido contra la celebración del referéndum ilegal. Indescriptible tomadura de pelo a la sala. Trapero aguanta firme el chorreo del fiscal Miguel Ángel Carballo, alias la gota malaya. El repaso a las comunicaciones internas de los Mossos durante el 1-O es demoledor. Los Mossos, en general, se comportaron con una pasmosa pasividad siguiendo las vagas instrucciones y evasivas consignas de sus mandos. El policía se defiende como puede. "Es la primera noticia que tengo, pregunte al mando en cuestión, sobre eso en concreto no le puedo dar una explicación, yo no soy responsable de lo que hagan todos los mossos", dice Trapero. Y así durante toda la mañana.
El fiscal reserva para la traca final el legendario plan Trapero para detener a Puigdemont y sus consejeros. El reloj se aproxima a las 14:30 y Carballo inquiere si existe algún sustento material de ese operativo y si Trapero comunicó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al fiscal superior de la región la existencia de tal plan cuando se puso a sus ordenes para detener a quien hiciera falta.
Está probado que Trapero llamó al magistrado y al fiscal el día 27 de octubre, fecha en la que Puigdemont proclamó la república tras las insistentes presiones del preso Oriol Junqueras, la huida Marta Rovira y el jefe del grupo de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. Existe además un correo electrónico con fecha 25 de octubre aportado a la causa por la defensa de Trapero en la que este le pide a su segundo, Ferran López, que prepare un dispositivo para trincar al Ejecutivo catalán por si acaso se lo piden los jueces.
Cambio de guardia en el TSJC
Lo que no se ha salido en el interrogatorio es que jueces, fiscales y personal judicial tenían pánico a los Mossos d'Esquadra, que en aquel octubre de 2017 estaban aterrorizados ante la actuación de determinados mandos del cuerpo policial y las actitudes de algunos agentes. Había magistrados y personal auxiliar del TSJC que llegaron a temer por su integridad física, que manifestaban no saber si los Mossos les dejarían acceder a sus puestos de trabajo ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Cataluña en aquel mes de octubre. El 1 se había llevado a cabo el referéndum. El 3, una huelga general en la que los Mossos se volvieron a comportar como dos días atrás ante el corte de carreteras, la toma de estaciones y la acción de los piquetes separatistas.
Unos días después, el 9 de octubre, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, pidió auxilio a la Policía Nacional. No se fiaba de los Mossos y reclamó que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) asumiera el mando de las tareas de protección del edificio judicial y del personal que allí desempeñaba sus funciones. No se atrevió a echar del todo a los Mossos, pero exigió que el control corriera a cargo del CNP.
Así rezaba la comunicación de Barrientos:
Como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por ende, como representante del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma de Cataluña, dispongo y ordeno al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que destaque y despliegue dentro del Palau de Justicia, radicado en el paseo Lluís Companys s/n de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así como en su entorno y perímetro si fuere necesario, los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que se estimen imprescindibles para que, en colaboración con la unidad de Mossos d'Esquadra allí destacados, pero bajo el mando de quien dirija la unidad del Cuerpo Nacional de Policía desplegada, preserven la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales por todos sus integrantes.
Es en ese contexto de absoluta desconfianza judicial en los Mossos tras las actuaciones del 20-S (asedio a la comitiva judicial en la consejería de Economía), 1-O y 3-O (huelga general) en el que Trapero ofrece sus servicios el 27 de octubre a Barrientos y al fiscal, ya fallecido, José María Romero de Tejada. El precavido Barrientos se lo quita de encima con la sugerencia de que pruebe a ponerse a disposición de la Delegación del Gobierno.
Incidente en la incineradora
Solo un día antes, agentes de la Policía Nacional habían interceptado una furgoneta de los Mossos sin logotipos que se dirigiría a una incineradora para eliminar documentación policial. La situación fue de máxima tensión. Los mossos se negaron en un principio a colaborar. Se desenfundaron las armas y fue necesaria la tramitación de una orden judicial de urgencia para que los policías autonómicos accedieran a entregar los papeles de los que se querían desprender, muchos de ellos vinculados con el denominado procés.
Por lo demás, Trapero dice que le dolió mucho se desconfiara de él, que fue triste y doloroso y ha admitido que llegó a decir que con diez vídeos la Guardia Civil y la Fiscalía "montan" un delito de sedición. Sostiene sin reparo alguno que los Mossos se ciñeron en todo momento a las órdenes de jueces y fiscales y que fueron la Guardia Civil y la Policía Nacional quienes se saltaron el plan, que la culpa de todo la tiene el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y que la Guardia Civil podía pedir ayuda, pero que "la manera como se debía llevar a cabo esa ayuda era cosa nuestra".
En la segunda sesión de interrogatorio fiscal, Trapero ha seguido cargando contra quienes fueron sus jefes políticos y ha desvelado que se negó a proporcionar a la consejería de Economía las bases de datos de los Mossos relativas a los alojamientos hoteleros y las personas investigadas por delitos fiscales. El golpe de Estado parece que era algo más que esa "ensoñación" que estimó el Tribunal Supremo a tenor de las escasas confesiones del exjefe de la policía de la Generalidad. Este miércoles interroga a Trapero su abogada, Olga Tubau.