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El ex secretario general de la consejería de Interior revela que avisaban a Junqueras de las actuaciones de los Mossos

El ex director general de la policía autonómica intenta desvincularse del 1-O y asegura en su descargo que ni siquiera fue a votar.

(Barcelona)
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El ex director general de la policía autonómica intenta desvincularse del 1-O y asegura en su descargo que ni siquiera fue a votar.
Pere Soler este jueves en la Audiencia Nacional. | EFE

Pere Soler Campins fue el director de la policía regional catalana durante el golpe de Estado. Un personaje. Militante convergente, exconcejal en Tarrasa y exdirector general de Servicios Penitenciarios, no tuvo ningún inconveniente en meterse en el avispero dos minutos antes, como quien dice, del estallido de la autonomía. Soler estaba convencido de que se votaría y se declaraba un "soldado" al servicio de Puigdemont. Un crack. Además, despreciaba a los españoles. Lo tenía todo para el cargo, era el perfil que buscaban los golpistas.

Dos años y medio después y una imputación mediante, ya no tiene tan claro que los españoles le den pena. "Espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles", tuiteó como respuesta a la votación del comité federal del PSOE que el 23 octubre de 2016 decidió abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy. A preguntas al respecto del fiscal Miguel Ángel Carballo de la Audiencia Nacional, Soler Campins rebota en su silla y dice que se le malinterpretó, que lo que él dijo es que le sabía mal por los españoles. "Lo que dije fue 'espero que nos vayamos ya porque me da pena por todos los españoles". El blog Dolça Catalunya recogió al hilo de su nombramiento los tuis más polémicos del personaje y no dijo que la decisión del PSOE le diera pena por los españoles, sino que los españoles le daban pena. En apariencia, a Carballo le parece bien la retorcida explicación. A Soler no se le juzga por los tuits. Sólo lo retratan

Por lo demás, el que fuera director general de la policía catalana no sabe nada y no se enteraba de nada. Contesta a las preguntas con preguntas. ¿Usted supervisó el plan de actuación?, inquiere el fiscal. ¿Qué plan de actuación?, replica Soler, que a ratos mira a su abogado, el afamado Cristóbal Martell, en busca de ayuda.

La coartada de la abstención

En el turno de preguntas de la defensa sale a relucir la gran coartada de Soler, un separatista de hierro que tuvo un ataque de rigor jurídico e institucional ante el referéndum. Martell, letrado de los Pujol y Messi, entre otros famosos, le pregunta si fue a votar el 1-O y Soler, gran independentista, dice que no, que no fue a votar para no comprometer la imagen de los Mossos y que además no les concedió a sus agentes las cuatro horas de rigor para que votaran como se hace en las elecciones legales. Semejante hazaña le costó, lamenta, las críticas de un sindicato del cuerpo.

El que fuera secretario general de la consejería de Interior, el número dos del departamento, Cèsar Puig, es el último acusado en comparecer ante el fiscal, en este caso Pedro Rubira, que no sale de su asombro ante la locuacidad de Puig. "Es que viene aquí y contestan lo que les da la gana", se queja el fiscal cuando Puig explica que a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio del Interior, el número dos de la consejería de Interior es una especie de mero contable sin mando alguno sobre los Mossos.

Avisos a Junqueras

Tras un espeso interrogatorio, Puig desvela que estaba obligado por orden de Junqueras a informar sobre las acciones de los Mossos porque no podía ser que la segunda autoridad de la Generalidad, el vicepresidente, no supiera cuándo "su" policía hacía una entrada y registro o colaboraba en una entrada y registro con la Guardia Civil o la Policía Nacional. Pero que nunca se avisaba a la vicepresidencia antes de las operaciones sino cuando ya habían comenzado. Ese trasiego de información se llevaba a cabo entre secretario general y secretario general, figura que en el caso de la vicepresidencia económica de Junqueras recaía en Josep Maria Jové, el de la agenda del golpe y negociador con el PSOE.

A preguntas de su abogado, el catedrático Fermín Morales, Puig explica que a él no le nombró el partido sino que es funcionario de los servicios jurídicos de la administración autonómica desde 1982 y que en la actualidad también presta servicio en el gabinete jurídico de la Generalidad. Otro cesado por el 155, el antedicho Soler Campins, también trabaja para la Generalidad, aunque no como funcionario. En la actualidad figura como asesor de la consejería de empresa y conocimiento. La administración autonómica catalana no abandona a sus "soldados".

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