Oídos sordos. Es la actitud del Gobierno sobre la decisión del Tribunal Supremo que mantiene la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, en contra del criterio de la Fiscalía y rechazando las medidas cautelares que pedían postergar la inhabilitación hasta que el Alto Tribunal se pronunciara sobre el fondo de la cuestión.
Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital aseguran que "no habrá cambios en la agenda del presidente" y que Pedro Sánchez no suspenderá la reunión con Torra prevista en la primera semana de enero porque "Torra sigue siendo presidente hasta que haya sentencia firme".
Un paso más en el desprecio que ya hizo el presidente del Gobierno en su comparecencia ante la prensa hace una semana llamando al desacato a las resoluciones de la Junta Electoral Central que motiva este pronunciamiento del Supremo. Según Moncloa, la reunión "no se suspenderá, diga lo que diga el Supremo" porque, en opinión del Gobierno, "la JEC ya aclaró que era sólo suspensión de diputado, no de presidente".
Un cargo, el de presidente de la Generalidad de Cataluña que, según el estatuto catalán, requiere expresamente de tener la condición de diputado pero que según Moncloa no se puede perder por un pronunciamiento de un "órgano administrativo" como la JEC sino por el más alto de los tribunales, el Supremo, que se pronunciará "de aquí a tres meses".
La reunión con Torra está prevista para la primera semana de febrero, previsiblemente los días 6/7 del mes, y según exigió ERC, debe producirse antes de la mesa de diálogo entre gobiernos que tenía que reunirse "en los próximos quince días a la formación de Gobierno", según lo pactado por escrito con ERC en el acuerdo de investidura. Unos planes que ya han sufrido un retraso inicial por las dificultades a la hora de cerrar el encuentro Sánchez/Torra y que ahora encuentra una nueva piedra judicial en el camino que podría alterar el calendario previsto inicialmente por el Gobierno.