El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, es a día de hoy "el principal favorito" para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Supremo, en sustitución de Carlos Lesmes.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, Lucas es considerado "un buen jurista" y se le enmarca en el llamado sector progresista. Este magistrado redactó la ponencia con la que el Supremo avaló por unanimidad la exhumación de los restos de Francisco Franco y su posterior inhumación en un panteón de titularidad estatal en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
El Supremo consideró en dicha resolución que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada por Real Decreto, estaba dentro de los límites de la llamada Ley de Memoria Histórica y, por tanto, no existían obstáculos que impidieran su aplicación. Además, la resolución rechazaba que los restos fuesen enviados a la catedral de La Almudena (Madrid), como solicitaba la familia Franco.
Pablo Lucas es considerado un magistrado "muy cercano" a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Precisamente, Calvo pilotó en nombre del Gobierno la exhumación de Franco. Además, tal y como avanzó El Independiente, el magistrado formó parte de la comisión que resolvió el concurso por el que Calvo fue designada profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba en el año 1991.
Lucas era catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba desde el 11 de diciembre de 1989 y formó parte del tribunal en calidad de vocal-secretario junto al catedrático sevillano Javier Pérez Royo (presidente) y Joaquín Mariano Tomás Villarroya, Antonio Colomer Viadel y Germán Gómez Orfonel como vocales. También codirigió una tesis doctoral con la vicepresidenta socialista y dirigió un libro en el que ésta escribe un capítulo.
Es miembro de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. Es también exjefe de Gabinete de Pascual Sala y Javier Delgado, cuando estos eran fueron presidentes del CGPJ.
La elección de Pablo Lucas como nuevo presidente del CGPJ y el Supremo está pendiente de que el PP y el PSOE comiencen unas eventuales negociaciones para renovar el Gobierno de los jueces. Unos acercamientos que a día de hoy "no existen". Al ser considerado Lucas un juez "claramente de izquierdas", los populares posiblemente endurecieran sus condiciones.
El nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado y la anunciada reforma del Código Penal para suavizar la sedición y beneficiar a los golpistas del 1-O, no ha hecho más que dificultar aún más un posible escenario de negociación. Otra china en el zapato será la posible derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desvelada por este diario, que eliminaría los plazos máximos de las investigaciones judiciales y que "desgastaría al PP" en tramas de corrupción como la Púnica.
Magistrado de enlace con el CNI
El Pleno del CGPJ acordaba en diciembre, a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, nombrar para un nuevo periodo de cinco años a Pablo Lucas como magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el magistrado del Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución –entrada en domicilio y secreto de las comunicaciones– se nombrará por un periodo de cinco años, a propuesta del presidente del CGPJ, entre magistrados de la Sala Segunda o de la Sala Tercera de ese órgano judicial que cuenten con al menos tres años de servicios en la categoría.
En la propuesta elevada al pleno, el presidente del TS y del CGPJ señalaba que "su respectiva trayectoria profesional, con amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción, su cualificación, su sólida formación jurídica y la solvencia y profesionalidad con que han ejercido hasta ahora el cargo les acreditan como profesionales idóneos para el ejercicio de tan importante función jurisdiccional".