Los sindicatos policiales, la Delegación del Gobierno y el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, se han defendido de las acusaciones que la consejera de Asuntos Sociales de la región insular, Fina Santiago, hizo en su comparecencia sobre la actuación del gobierno autonómico respecto a los centros de menores, según informa El Mundo.
De forma más o menos explícita, Santiago les acusó de la situación que se vive en estos lugares –ha habido al menos 16 casos de explotación sexual de menores tutelados por el Gobierno balear, y media decena de trabajadores sancionados por haber mantenido "relaciones inadecuadas" con algunos de estos chicos–. "Cuando nosotros trabajamos entre Servicios Sociales, Educación y Sanidad –dijo la consejera–, llegamos a un acuerdo para tratar los casos. Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía no se van a comprometer a lo que harán después". Y añadió: "La Fiscalía, de momento, no se ha implicado en resolver estos casos".
Aunque, posteriormente, la consejera intentó "contextualizar" sus palabras y reducirlo todo al hecho de que, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, no se definen las fugas de menores como de alto riesgo, algo que sólo sucede en casos en que existen sospechas de un posible asesinato o secuestro, el malestar ya se había extendido entre todos los aludidos.
Así, los cinco sindicatos policiales emitieron un comunicado conjunto exigiendo la dimisión de Santiago para "dignificar su profesión" y lamentando que el Ejecutivo autonómico haya querido echar "balones fuera". Además, el texto recuerda que una gran parte de las actuaciones realizadas por los agentes sobre los menores tienen su origen "en las fugas que se producen de forma habitual en centros dependientes de su Conselleria", y se refiere a la "impotencia" que sienten "muchos compañeros" que se enfrentan a tales situaciones, ya que a las pocas horas de entregar el menor a un centro, "se percatan de que el mismo vuelve a estar horas después en la calle".
Por su parte, la Delegación del Gobierno destacó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan "todas y cada una" de las denuncias que interponen los centros de tutela e internamiento de menores, y que lo hacen otorgándoles "máxima prioridad", mientras que el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, defendió también la actuación llevada a cabo durante los últimos años por parte de la Fiscalía ante los presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados, señalando que todos "se han investigado y se ha llegado donde se ha podido": "No tenemos otra posibilidad que hacer cumplir las leyes, investigar todos estos hechos que tengan características de delito, y actuar como lo estamos haciendo".