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Defensa purga a un capitán del Aire porque expedientó a una cabo que ahora es concejal del PSOE

La cabo pudo ser expulsada de las FAS, pero todo cambió cuando su actual partido llegó a la Moncloa. El capitán se encuentra suspendido de empleo.

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La cabo pudo ser expulsada de las FAS, pero todo cambió cuando su actual partido llegó a la Moncloa. El capitán se encuentra suspendido de empleo.
Margarita Robles, ministra de Defensa. | Sergio Sánchez M.

El cumplimiento de las obligaciones profesionales nunca debería suponer un castigo para un militar, aunque, a veces, hay excepciones. Es el caso del capitán del Aire Juan Antonio Fernández Galindo, que está pasando por un calvario personal y profesional pese a que cuenta con el aval de sus propios superiores. En estos momentos se encuentra suspendido de empleo, una medida excepcional que solo se aplica a militares en situación de prisión provisional o por cometer faltas gravísimas.

Todo comenzó por tres expedientes disciplinarios que abrió entre 2012 y 2013 a una cabo destinada en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla (Murcia). La militar sancionada, Teresa Franco, no estuvo de acuerdo y recurrió los mismos ante la justicia militar. Todas las instancias judiciales encontraron los expedientes adecuados, incluido el Tribunal Supremo, que confirmó en tres sentencias cada uno de los mismos.

Pero la cabo Franco no quedó conforme. Por un lado, agrupó los hechos que se recogían en los tres expedientes e interpuso una denuncia por lo penal contra el capitán Fernández Galindo por acoso laboral y extralimitación en el ejercicio del mando. Por el otro, inició una campaña mediática en la que aseguraba que estaba siendo perseguida por denunciar el machismo supuestamente imperante en las Fuerzas Armadas desde su puesto en una asociación profesional (AUME).

En plena vorágine mediática, el Ejército del Aire abrió una investigación interna para estudiar si la cabo Franco se estaba extralimitando en sus declaraciones a los medios de comunicación –para las que no tenía la precedente autorización–. O si estaba vulnerando la debida neutralidad política publicando mensajes en sus redes sociales favorables al Partido Socialista. También investigaba por qué había suspendido los tres últimos informes de capacitación que se realizan a los militares.

La cabo Franco recibió en todo momento el apoyo de la cúpula del PSOE de Murcia y llegó a ser recibida en el Congreso de los Diputados por las entonces diputadas socialistas Margarita Robles y Zaida Cantera. También por dirigentes de Podemos como Irene Montero y Tania Sánchez. Su caso saltó a medios de izquierdas como Público, El Diario o La Sexta y fue tratado en varias sesiones del Pleno y en una comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Precisamente, en esa comisión, celebrada en abril de 2018, quedó constancia de la cercanía personal de la cabo Franco y una de las dirigentes del PSOE. "Voy a pedir disculpas por si hablo con el corazón, que a veces el corazón nubla la mente, y voy a intentar que la mente no sea nublada por mi corazón. Doy las gracias a los portavoces aquí, porque saben precisamente la relación de amistad que me une con la cabo Teresa Franco, que llama ‘sobrina’ a mi hija", dijo Zaida Cantera.

La cabo Teresa Franco se encontraba en ese momento contra las cuerdas. El expediente abierto en el Ejército del Aire, unido a los tres informes de capacitación personal suspensos, podían acabar con su expulsión de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, los juzgados de instrucción habían echado para atrás su denuncia penal contra el capitán Fernández Galindo (sobreseída en cuatro ocasiones). Pero todo cambió cuando el PSOE llegó al Gobierno tras la moción de censura en junio de 2018.

La llegada de Margarita Robles a la dirección del Ministerio de Defensa coincidió casualmente con el cierre inmediato del expediente abierto en el Ejército del Aire contra la cabo. También con la decisión del Tribunal Militar Territorial Primero de impedir al Juzgado Togado Militar número 14 que cerrase definitivamente la denuncia penal contra el capitán Fernández Galindo, obligando a imputarle y abrir juicio oral.

Entre la decisión del Tribunal Militar Territorial Primero y el auto de procesamiento por parte del Juzgado Togado Militar número 14 –en un auto sumamente llamativo porque la juez va desarrollando las acusaciones existentes contra el capitán, las diligencias que había llevado a cabo con anterioridad, y cómo pensaba que no se había cometido delito alguno– se producen dos hechos relevantes.

El primero, es que la cabo Teresa Franco y Margarita Robles coinciden en el programa Chester que se emitía en Cuatro. Allí, en medio del programa, la ministra hace pública su admiración por la cabo del Ejército del Aire. El segundo, un mes después, es que la dirección regional del PSOE de Murcia anunció que la militar iba a ser la número dos en la lista que iban a presentar en las elecciones municipales de 2019 al Ayuntamiento de la capital.

Una vez imputado el capitán por orden del Tribunal Militar Territorial Primero, y con la cabo Teresa Franco en servicios especiales como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, el Ministerio de Defensa decidió abrir un expediente para estudiar si procedía suspender de empleo al capitán del Aire mientras se tramitaba el mismo. Hay que destacar que esta medida se toma de manera excepcional únicamente ante hechos gravísimos.

La decisión final se tomó el pasado 2 de diciembre de 2019. El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, suspendió de empleo al capitán Fernández Galindo pese a que los tres informes que se deben solicitar para estos expedientes (el del Coronel Jefe de la Unidad, el del Estado Mayor del Ejército del Aire y el de la Asesoría Jurídica General de la Defensa) consideraban que no se daban las circunstancia para que se produjese la citada suspensión de empleo.

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