La participación del Ministerio del Interior en la gestión de las catorce horas que la número dos del régimen bolivariano de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo en territorio español, pese a que tenía prohibida tanto la entrada como el tránsito por la UE, y los acuerdos alcanzados por el Gobierno con el PNV para beneficiar a los terroristas que cumplen condena en centros penitenciarios, han centrado este lunes la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.
Y todo ello pese a la reticencia de Fernando Grande Marlaska, que tenía como objetivo vender sus proyectos estrellas para la nueva legislatura en la Comisión de Interior. Su rostro distendido se ha ido tensando según los representantes de PP, Vox y Ciudadanos iban exigiendo respuestas sobre todos los puntos oscuros que están pendientes de aclararse en torno a estos dos temas, de los que el Gobierno lleva semanas, en el primer caso, y meses, en el segundo, tratando de echar balones fuera.
La popular Ana Belén Vázquez ha reclamado a Marlaska que detalle cuándo se enteró de la llegada de la número dos de Maduro a territorio español, qué contenían las 40 maletas que llevaba como equipaje, si llamó el ministro al comisario de la Policía Nacional del aeropuerto de Barajas para que hiciese algún tipo de gestión con la vicedictadora venezolana o quién tuvo la idea de que Rodríguez no pasase por el control de pasaportes de la sala VIP y lo hiciese por la puerta de servicio.
En esta linea, ha pedido que facilite lo más rápido posible el informe realizado en Interior sobre el incidente con Delcy Rodríguez, con las anotaciones realizadas por la Guardia Civil y el CNI, y sin que sea manipulado como ocurrió con el de la agresión a Ciudadanos en el Orgullo Gay; además de advertirle que su honor queda en juego si las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto son borradas pese a que han sido solicitadas por los grupos de la oposición.
La parlamentaria de Vox Macarena Olona ha iniciado su intervención en la Comisión de Interior exigiendo la dimisión del ministro del Interior, tras lo que le ha exigido que explique qué acuerdos se alcanzaron realmente con el PNV para que apoyase la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y si, entre ellos, estaba el acercamiento de los terroristas de ETA a prisiones próximas o dentro de la comunidad vasca.
Ha denunciado que desde que Marlaska está al frente del departamento se han otorgado beneficios penitenciarios al 27 por ciento de los etarras que cumplen condena, tras lo que ha censurado que el máximo responsable de la seguridad en nuestro país haya renunciado a la batalla del relato del terrorismo en España permitiendo que una comisión no judicial puede decidir si las Fuerzas de Seguridad torturaron a etarras gracias a la Ley vasca de abusos policiales.
Pablo Cambronero, de Ciudadanos, ha exigido igualmente al ministro del Interior que aclare todos los puntos oscuros que hay sobre el denominado Delcygate, el paso de la número dos del régimen de Nicolás Maduro por nuestro país y, especialmente, por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Mientras que el parlamentario de JxCat Sergi Miquel ha pedido a Marlaska una versión final y definitiva de qué pasó con la vicedictadora venezolana.
Pero nada, ni sobre un tema, ni sobre el otro. Marlaska ha evitado dar algún tipo de explicación sobre ninguno de los temas más polémicos sobre su gestión y ha dejado pasar el tiempo de la comision parlamentaria –que se ha acercado a las cuatro horas de duración– dando datos, muchos de ellos ya conocidos, sobre los flujos migratorios que llegan desde África, los cambios en el vallado de Ceuta y Melilla, el registro de viajeros para combatir el terrorismo o los centros de internamiento de inmigrantes.
Lo único que dijo sobre el episodio de Delcy Rodriguez es que "una vez que se sabía que esta señora no podía entrar en el espacio Schengen, las decisiones las tomó la Policía, y no entró en espacio Schengen. Lo podemos decir por activa y por pasiva". Respecto a los presos de ETA, tergiversó la intervención de Olona para decir que no se han acercado presos de ETA a prisiones cercanas al País Vasco.