La abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, ha cesado como responsable de esta institución en Hacienda a Carmen Tejera, que fue una de las peritos que defendió la comisión del delito de malversación cometido por los líderes independentistas durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Carmen Tejera, junto a Sara Izquierdo y Teresa Hernández, fueron los peritos a quienes el Ministerio de Hacienda a cargo de Cristóbal Montoro encargó analizar el uso de fondos públicos del Govern.
Las tres funcionarias de la Abogacía General del Estado, que comparecieron en el juicio por el golpe de Estado separatista en el Supremo a petición de la Fiscalía, realizaron el informe sobre "determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum".
Sí había malversación
En su declaración, junto a otra de la Intervención General del Estado (IGE), desmontaron las tesis de las defensas sobre la ausencia de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.
Según relataron, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, puesta en marcha de webs o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.
También apuntalaron sus acusaciones de malversación sobre los pagos realizados por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) o las campañas que se encargaron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, entidades ambas que forman parte de la Hacienda pública catalana.
Carmen Tejera, la jefa del grupo de trabajo creado en Hacienda para supervisar los gastos de la Generalitat, negó asimismo que ella ni su equipo recibieran "en modo alguno" instrucciones de sus superiores para realizar su trabajo.
Ella era la responsable del grupo de trabajo creado a partir de enero de 2018 en Hacienda y que reunía a siete funcionarios -todos mujeres, con una sola excepción- que se dedicaron a la "verificación de la verdad material" y cuyo objetivo era también el de facilitar información al Juzgado de Instrucción numero 13 sobre la existencia de algún acto contable que pudiera estar relacionado con el 1-O.