Las Fuerzas de Seguridad del Estado, junto con las policías autonómicas y locales, han impuesto desde la aprobación del estado de alarma por el coronavirus, y las consiguientes restricciones de movimientos, más de 31.000 denuncias a los "ciudadanos insolidarios que no piensan en el resto". El dato lo ha facilitado este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, ha afirmado que "en los primeros días de confinamiento los agentes han tenido que tener una postura de pedagogía, pero una vez transcurrido el plazo razonable, la norma debe cumplirse", es decir, que a partir de este momento habrá pocas advertencias y muchas multas a quienes incumplan. Un cambio del que ya advirtió el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ayer jueves.
Marlaska ha dicho asimismo que un total de 350 personas han sido detenidas en el territorio nacional por desobediencia o atentado a la autoridad, principalmente, por cuestiones relativas al estado de alarma y ha remarcado que "cuando tenemos una crisis sanitaria hay que ser muy serios. Los criterios de flexibilidad sean absolutamente los necesarios".
El ministro ha pedido a los ciudadanos que "cumplan la normativa, las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad, porque ellos no pueden autoprotegerse porque nos protegen a los demás". En este sentido, ha explicado que en estos momentos hay 157 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que están contagiados por coronavirus. Precisamente, este mismo viernes ha fallecido el segundo guardia civil por coronavirus.
Respecto a las restricciones al movimiento que se han impuesto en nuestro país, que en algunos momentos se han sido catalogadas de laxas, ha asegurado que son "las más drásticas que se han adoptado en Europa y una de las más drásticas que se han adoptado en el mundo. Y lo son de acuerdo a las recomendaciones que han hecho los expertos sanitarios".
Marlaska ha recordado a los ciudadanos que solo pueden salir de sus casas cumpliendo las excepciones que aparecen en el artículo 7 del decreto de estado de alarma y que "cualquiera que salga a la calle puede ser interrogado al respecto por un agente", aunque ha insistido en que "los agentes de la autoridad actúan con criterios de proporcionalidad".