Las cifras de las sanciones por violar las restricciones de movilidad del estado de alarma se están disparando en los últimos días. Tanto la Policía Nacional como el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habían avanzado antes del fin de semana que los días de levantar la mano y de pedagogía llegaban a su fin. Y por la evolución de las cifras parece que es una auténtica realidad.
El ministro ha anunciado que ya se han superado las cien mil multas a ciudadanos que habían salido a la calle sin motivo justificado. Exactamente, se han superado ya las 102.000 denuncias. En los seis primeros días de estado de alarma (del domingo 15 al viernes 20) se impusieron 51.000 sanciones. En los cuatro días siguientes, la cifra ha sido de otras tantas 51.000. Es decir, en los primeros días se ponían 8.500 sanciones diarias de media y, ahora, unas 12.750 diarias.
También ha desvelado el número de arrestados que se han producido desde la entrada en vigor de las restricciones. Las Fuerzas de Seguridad nacionales, regionales y locales han arrestado a un total de 926 personas por desobedecer a la autoridad. De ellos, según ha explicado el titular de la cartera de Interior, uno de ellos ya ha recibido la primera condena penal por este hecho de un Tribunal de Tenerife, con una pena de cuatro meses de prisión.
Respecto a lo denunciado este martes por la mañana por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, de que ha habido enfermos por coronavirus que se habían fugado de los hospitales sin recibir el alta, Marlaska ha dado más datos sobre estos casos. Según ha dicho, se trata de dos personas que se fugaron del hospital de Leganés (Madrid) y de otra persona que se fugó del de Benidorm (Alicante).
Ahora se está estudiando qué hacer con estas personas. De inicio se les ha devuelto al hospital y están controlados para que no puedan fugarse, también se les ha impuesto una sanción por vulnerar el artículo 7 del decreto de estado de alarma (restricción de movimientos), pero están estudiando con la Fiscalía General del Estado si sería posible, además, imputarles delitos penales por sus hechos.