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La última del Gobierno: ahora dice que no canceló el 8-M porque "era competencia de las CCAA"

Illa argumentó que no podía "tomar medidas de salud pública" porque las competencias eran de las comunidades autónomas.

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Illa argumentó que no podía "tomar medidas de salud pública" porque las competencias eran de las comunidades autónomas.
Manifestacion 8-M | C.Jordá

La brutal crisis sanitaria y económica en la que se ha adentrado España (y que amenaza con convertirse el país en el que con más crudeza sufre el coronavirus del mundo) cada día demanda explicaciones de un Ejecutivo a quien los medios de comunicación, comunidades autónomas y partidos de oposición acusan de haber actuado tarde y mal ante una crisis de dimensiones todavía desconocidas.

Uno de los eventos que está en el punto de mira de la expansión de esta pandemia son las manifestaciones convocadas para el pasado domingo 8 de marzo en todas las ciudades españolas y que tuvieron su mayor representación en Madrid. Sobre todo porque, menos de 24 horas después de esa manifestación, se aceleró la toma de decisiones para tratar de frenar la epidemia.

Las explicaciones del Ejecutivo se han centrado en señalar una y otra vez que las autoridades científicas y médicas no veían razones objetivas de ninguna clase para desaconsejar la manifestación. En este sentido hemos escuchado estos días pronunciarse al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, al presidente del Gobierno, al ministro de Sanidad, a los vicepresidentes del Gobierno o a la ministra de Igualdad este mismo jueves.

"¿Eventos masivos?"

Se desconoce si por un desliz, el propio Simón esta semana apuntaba a que la expansión tan rápida del coronavirus en España se ha debido a "eventos masivos". Hablaba de funerales multitudinarios en alguna comunidad autónoma, y otros eventos multitudinarios, pero excluía de ellos las manifestaciones del 8-M porque, según decía, todavía entonces no había evidencias científicas del peligro.

Estos últimos días, el ministro de Sanidad ha explicado que cuando empiezan a aparecer un gran número de positivos fue justo después del 8-M, pero que esos contagios por definición –ya que el virus tiene un periodo de incubación medio de 6 o 7 días– se habían producido con una semana de antelación. Eso sí, no destacaba entonces que al ser así, eventos masivos como los deportivos o la manifestación del 8-M entrañaba un riesgo enorme de propagar de forma multitudinaria el Covid-19.

La última versión: las competencias eran de las CCAA

Pero este jueves, probablemente el peor día hasta la fecha para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio otra versión alternativa de por qué el Ejecutivo no suspendió las manifestaciones previstas para celebrar el día de la mujer, el 8-M: el Gobierno no tenía competencias.

Eso mismo es lo que dijo este jueves el titular de Sanidad, que su departamento no podía cancelar la manifestación del Día de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo, o cualquier otro evento en esas fechas porque hasta el 14 de marzo, que se decretó el estado de alarma, las competencias en esta materia las tenían las comunidades autónomas.

Illa dio estas explicaciones durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, a la que ha acudido a informar sobre la situación de la crisis del coronavirus. Durante la sesión, la portavoz de Sanidad del PP, Cuca Gamarra, y el de Vox, Juan Luis Steegmann, han criticado que el Ejecutivo permitiera esta celebración cuando, a su juicio, conocía el riesgo de contagio, ya que unos días después tomaba decisiones restrictivas para la ciudadanía.

El ministro ha explicado que el mismo 8 de marzo "al anochecer" recibió la llamada de los consejeros de Sanidad de País Vasco y Comunidad de Madrid en la que le comunicaban un aumento "sustancial" de los casos en sus autonomías y le trasladaron su intención de poner en marcha varias medidas que "harían oficiales al día siguiente". En este sentido, ha recordado que eran los consejeros "los competentes" para actuar de este modo, al menos "hasta el 14 marzo", cuando se decretó el estado de alarma.

Illa: "Yo no puedo tomar medidas de salud pública"

"Yo no puedo tomar medidas de salud pública, no puedo suspender una manifestación, no puedo suspender un partido de fútbol u ordenar una medida restrictiva", ha apuntado Illa, quien ha explicado que recibió estos mensajes de los consejeros porque se había convocado entre ellos y acordado conjuntamente que se coordinarían en este asunto. De hecho, el ministro reconoce que los dirigentes de País Vasco y Comunidad de Madrid fueron "leales" en este sentido al informarle.

Fue tras ese contacto, según señala el responsable de Sanidad, cuando los dirigentes autonómicos decidieron suspender la actividad escolar o los eventos de más de 1.000 personas, entre otras iniciativas. "El día 12 las extendimos a toda España y el 14 dictamos el estado de alarma", ha apuntado el ministro, señalando la "rapidez" con la que, a su juicio, se realizó este proceso debido, según indica, a la "situación cambiante".

Del mismo modo, apunta que el aumento de casos registrado tras el 8-M es "la fotografía" de lo que pasó entre 7 y 10 días antes, que es cuando se producen los contagios, es decir "en la última semana de febrero". En este sentido, ha señalado que en Vitoria saben que esta situación se produjo en un velatorio, mientras que en la capital no conocen la razón. "Probablemente fue la entrada masiva de gente contagiada", ha indicado, para señalar que se podría tratar de un grupo de 60, 70 o 100 personas infectadas, aunque no puede confirmarlo "con certeza".

"Me piden que tenga capacidad de saber aquello que no se me notifica y no la voy a tener en la vida", ha concluido el ministro.

La competencia de verdad: en las Delegaciones del Gobierno

Sin embargo, Illa olvida un detalle fundamental: la competencia para permitir un manifestación o no hacerlo —siempre por causas extraordinarias y justificadas, ya que se trata de un derecho constitucional— no es de las comunidades autónomas sino de las Delegaciones del Gobierno en cada comunidad autónoma.

De hecho, una denuncia legal sobre estas manifestaciones ya se ha admitido en los juzgados y el denunciado no ha sido ninguna autoridad autonómica, sino el delegado del Gobierno de Madrid, el socialista, José Manuel Franco.

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