El decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que centralizaba la compra del material sanitario para hacer frente a la crisis del coronavirus sigue vigente. Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el Ejecutivo sólo ha autorizado a las Comunidades Autónomas a poder adquirir el material de protección "vía rueda de prensa", a través de las palabras pronunciadas por el ministrado de Sanidad, Salvador Illa. Es decir, ninguna normativa respalda a las regiones españolas a comprar material al margen del Gobierno.
Las mismas fuentes consultadas por este diario aseguran que "existe un vacío legal para que las CCAA puedan adquirir el material sanitario, ya que el decreto de Sanidad que centralizaba el suministro en el Gobierno el 11 de marzo no se ha modificado". "Esta situación", añaden, "ha creado una gran inseguridad jurídica en los Gobiernos regionales que están comprando material sanitario contra el coronavirus, ya que su actuación no está respaldada por ninguna norma y podrían incluso ser denunciados por el Gobierno central". "Esta situación es fruto de la improvisación y la falta de previsión", añaden.
El pasado 10 de marzo explotaba en España la pandemia del coronavirus. Tras el Consejo de Ministros, Salvador Illa explicaba que se había modificado "vía decreto ley, la Ley de Medidas Extraordinarias en Salud Pública para permitir un suministro centralizado de todo tipo de productos que consideramos necesarios para la protección de la salud. Con esta modificación, todo tipo de productos cuyos expertos consideren necesarias para combatir el coronavirus, podrán ser objeto de un suministro centralizado".
Al día siguiente, el Boletín Oficial del Estado publicaba el citado decreto ley del Gobierno por el que se adoptaban "determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública". Según el BOE, "como medida para prever casos de posibles desabastecimientos, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, prevé en su artículo cuarto.a) que cuando un medicamento o producto sanitario se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá establecer el suministro centralizado por la Administración".
En esta línea, el decreto del 14 de marzo en el que se decretaba el estado de alarma establecía que "el ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
De esta forma, se fijaba un mando único estatal que centralizaba las compras y la distribución en el Gobierno. En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enviaba el 19 de marzo una carta al presidente de Gobierno en la que detallaba las necesidades concretas que tenía la región, siendo "una serie de necesidades que no podemos cubrir desde nuestras competencias autonómicas".
Autorización de Illa "vía rueda de prensa"
Este martes, dos semanas después de aprobar el decreto ley para centralizar la compra de material sanitario y ante la polémica por la "desastrosa gestión en el abastecimiento de material sanitario a las Comunidades Autónomas", el ministro de Sanidad negaba en rueda de prensa que el Gobierno hubiera puesto impedimentos a las CC.AA. para la compra de estos productos.
Salvador Illa afirmaba entonces: "Nunca ha habido ningún impedimento para que las comunidades autónomas siguieran abasteciéndose de los productos que necesitan para la atención sanitaria, nunca lo hemos impedido. Las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, con un mercado desabastecido y con todo el mundo compitiendo para comprar material ha hecho necesario poner todo el peso y la capacidad del Gobierno para adquirir estos productos".