El sindicato de funcionarios CSIF ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un posible delito contra los trabajadores en la gestión de la crisis del coronavirus.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".
El escrito de CSIF señala que dos semanas después de la declaración de estado de alarma, "los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de medios materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia. Todo ello, sin duda, pone en riesgo su salud, al estar en contacto directo a diario con población contagiada".
La denuncia destaca que "dada la evolución de la situación y la deficiente gestión que se está realizando por la Autoridad responsable, se prevé un aumento exponencial en todo el territorio nacional de estas nefastas circunstancias, lo que supone un grave problema para los sanitarios que se ven sometidos a dicho riesgo constantemente, en su salud y en sus vidas, al no disponer de los equipos de protección individual necesarios y el resto de medidas de prevención preceptivas y, derivado de ello, existe, asimismo un grave problema para los pacientes, que ven reducido el número de personal sanitario que puede ayudarles a curar su enfermedad".
"Se denuncia", añade el escrito, "algo más que la ineficacia de la actuación de la autoridad responsable de la Administración Sanitaria ante el conocimiento de unos hechos que suponen un riesgo para la salud de los trabajadores y también para los propios pacientes, al no actuar de forma inmediata para paliarlo o eliminarlo".
"Se denuncia lo que consideramos una imprudencia grave en la gestión de los recursos humanos y materiales del Sector Sanitario en todo el país, con un evidente incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación, y que, en atención a las circunstancias concurrentes, entendemos que pueden ser constitutivos de delito", concluye la denuncia.
El sindicato de funcionarios recuerda también que el 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud OMS advirtió a los gobiernos que aumentaran la producción de equipos de protección personal (EPP), ya que los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas.
Dicha denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis y el sindicato ya está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la administración.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios recuerda que según datos del propio Ministerio de Sanidad, a fecha 30 de marzo, en España ya hay 12.298 sanitarios infectados, el 14,4 por ciento del total de afectados en toda España por coronavirus, y al menos 6 han fallecido por este motivo.