El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abrió la puerta a que "otras entidades" adquiriesen material de protección sanitario para luchar contra la pandemia del coronavirus, sólo 6 días después de decretar la centralización de la compra.
Libertad Digital ha tenido acceso a una "nota interpretativa del ministro de Sanidad". El escrito fue distribuido internamente en el Ministerio el pasado 17 de marzo, apenas una semana después de que se anunciase la centralización del suministro de material de protección sanitario.
En dicha nota, Salvador Illa afirma literalmente "que a la vista de la evolución de la situación provocada por el COVID-19, se ha habilitado al Ministerio de Sanidad a la adquisición y distribución de distintos productos necesarios para la protección de la salud, sin perjuicio de las facultades que otras entidades pudieran tener al respecto".
Fuentes conocedoras del escrito consultadas por este diario afirman que se trató de una estrategia del ministro de Sanidad "para cubrirse las espaldas, tras comprobar el desastre del abastecimiento de material sanitario de protección contra el COVID-19, una vez aprobado el decreto por el Gobierno". Precisamente, dicho decreto de centralización del suministro provocaba la indignación y las denuncias de algunas regiones como la Comunidad de Madrid por la falta de llegada del material a los hospitales madrileños.
Estas mismas fuentes destacan "la ambigüedad" de la nota del ministro de Sanidad apelando a "otras entidades" para que puedan adquirir y distribuir el material sanitario. "Se desconoce si Salvador Illa se refiere a las empresas privadas, instituciones sanitarias u otras". "Si se refiriese a las Comunidades Autónomas, las hubiera mencionado directamante en el escrito", añaden. Otras fuentes no descartan sin embargo que al referirse a las "otras entidades" pueda referirse a las CCAA.
El pasado 10 de marzo, Illa explicaba tras el Consejo de Ministros que se había modificado "vía decreto ley, la Ley de Medidas Extraordinarias en Salud Pública para permitir un suministro centralizado de todo tipo de productos que consideramos necesarios para la protección de la salud. Con esta modificación, todo tipo de productos cuyos expertos consideren necesarias para combatir el coronavirus, podrán ser objeto de un suministro centralizado". El decreto entraba en vigor al día siguiente al publicarse en el BOE.
El 14 de marzo, el Ejecutivo decretaba el estado de alarma y establecía que "el ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. De esta forma, se fijaba un mando único estatal que centralizaba las compras y la distribución en el Gobierno.
El pasado martes, dos semanas después de aprobar el decreto ley para centralizar la compra de material sanitario, el ministro de Sanidad negaba en rueda de prensa que el Gobierno hubiera puesto impedimentos a las CCAA para la compra de estos productos.
Illa afirmaba entonces: "Nunca ha habido ningún impedimento para que las Comunidades Autónomas siguieran abasteciéndose de los productos que necesitan para la atención sanitaria, nunca lo hemos impedido. Las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, con un mercado desabastecido y con todo el mundo compitiendo para comprar material ha hecho necesario poner todo el peso y la capacidad del Gobierno para adquirir estos productos".
El decreto que centraliza la compra sigue vigente
El decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que centralizaba la compra del material sanitario para hacer frente a la crisis del coronavirus sigue vigente. Según publicaba Libertad Digital, el Ejecutivo sólo ha autorizado a las Comunidades Autónomas a poder adquirir el material de protección "vía rueda de prensa", a través de las palabras pronunciadas por el ministrado de Sanidad, Salvador Illa.
Las fuentes consultadas por este diario aseguraban que "existe un vacío legal para que las CCAA puedan adquirir el material sanitario, ya que el decreto de Sanidad que centralizaba el suministro en el Gobierno el 11 de marzo no se ha modificado". "Esta situación", añaden, "ha creado una gran inseguridad jurídica en los Gobiernos regionales que están comprando material sanitario contra el coronavirus, ya que su actuación no está respaldada por ninguna norma y podrían incluso ser denunciados por el Gobierno central".