El Gobierno de Pedro Sánchez prohibió los seminarios y congresos médicos por el riesgo de contagio del coronavirus, 5 días antes de permitir las multitudinarias marchas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en toda España.
El propio ministro de Sanidad, Salvador IIla, era el que anunciaba en rueda de prensa el pasado 3 de marzo que se suspendía la celebración de congresos y seminarios de tipo sanitario y en la que pudieran participar profesionales de la salud con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio por el coronavirus: "Necesitamos que los profesionales se encuentren en perfectas condiciones", afirmaba.
Por dicho motivo, Illa recomendaba no organizar estos actos porque "no nos podemos permitir una merma de profesionales". La decisión del Ministerio de Sanidad se trasladó a los profesionales sanitarios de las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos servicios regionales de salud. Sin embargo, tras prohibirse esos eventos, días después se permitieron las marchas del 8-M por todo el país.
Según las fuentes sanitarias consultadas por Libertad Digital, "la suspensión de los congresos médicos demuestra que el Ministerio de Sanidad sabía la que se avecinaba con el coronavirus y sin embargo", añaden, "permitió días después las marchas del 8-M a las que también asistieron sanitarios de todo el país, que podían contagiarse igualmente. No tiene ningún sentido, ni explicación".
Recordamos que ese mismos 3 de marzo en el que se prohibieron los congresos médicos, se había identificado a la primera víctima mortal por coronavirus en España. Un paciente ingresado con neumonía grave que había fallecido el 13 de febrero El último informe del Ministerio de Sanidad en esa fecha fijaba el total de contagios en 151. Por ello, se anunciaba con el objetivo de "frenar la propagación del coronavirus", que se debían celebrar a puerta cerrada los eventos de competición deportiva profesionales donde se esperase una alta presencia de público que provenga de las zonas de riesgo (las 4 regiones del norte de Italia afectadas, China, Japón, Corea del Sur y Singapur).
A pesar de estas medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el 7 de marzo preguntado por las manifestaciones del 8-M dijo que él no iba a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero que si su hijo se lo preguntaba, "le diré que haga lo que quiera".
Previamente, Simón había señalado el 2 de marzo que las autoridades sanitarias no veían necesario la cancelación de las manifestaciones del 8-M y había pedido a las personas con síntomas similares al coronavirus, como fiebre o tos, que no acudieran para evitar hipotéticos contagios.
Tras el escándalo provocado por la autorización del Ejecutivo de celebrar las marchas del 8-M, Salvador Illa afirmó que no podía cancelar la manifestación del Día de la Mujer o cualquier otro evento en esas fechas porque hasta el 14 de marzo, que se decretó el estado de alarma, "las competencias en esta materia las tenían las Comunidades Autónomas". Sin embargo, la competencia para permitir una manifestación no es de las Comunidades Autónomas sino de las Delegaciones del Gobierno en cada Comunidad Autónoma.
El horizonte judicial tras permitir el 8-M
La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid abría el pasado 25 de marzo una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por delitos de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional, tras permitir concentraciones multitudinarias en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo en plena crisis del coronavirus. Entre ellas, la marcha del 8-M.
En el marco de este procedimiento, la juez ordenaba una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no eran urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma. Por su parte, el sindicato Manos Limpias presentaba una querella también una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid por estos mismos hechos.