La emergencia sanitaria por el coronavirus ha roto los pocos puentes que quedaban entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC en el seno del gobierno catalán. Si antes de la crisis las relaciones entre ambos socios eran manifiestamente mejorables, la pandemia las ha dinamitado por completo. ERC se queja de falta de lealtad mientras que desde JxCat se ha calificado de "crimen" la gestión de las residencias de ancianos llevada a cabo por los republicanos.
El peso de la actuaciones durante la crisis ha recaído en ERC, que dispone de las consejerías de Salud y de la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. La actuación de Alba Vergés, titular de Salud, ha llegado a ser censurada por diputados de JxCat en comisión parlamentaria. Se le ha acusado de improvisación e imprecisión con los datos de los fallecidos por el Covid-19. En el partido de Puigdemont y Quim Torra se considera que Vergés no ha estado a la altura del trabajo llevado a cabo por el personal sanitario en Cataluña.
Sin embargo, la gota que hizo colmar el vaso fue el desastre de las residencias de mayores, un ámbito controlado por la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en la que aún se mantiene, si bien con cada vez más dificultades Chakir El Homrani. Sólo el hecho de estar reciente la dimisión de Alfred Bosch, exconsejero de Exteriores y Relaciones Institucionales, por haber tapado las denuncias de acoso sexual contra su segundo, ha evitado la salida de El Homrani de su cargo.
El papel del Ejército
El consejero de ERC estuvo dos semanas recluido en su domicilio por haber dado positivo por coronavirus, tiempo de apagón informativo sobre la situación de las residencias. Los llamamientos desesperados de los responsables de los centros a la Delegación del Gobierno motivaron la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desinfectar instalaciones. En algunos casos el departamento de El Homrani se negó a autorizar la ayuda del Ejército y decidió contratar empresas privadas para llevar a cabo esas tareas. Los directores de esos centros han alegado que el departamento sólo se interesó por su situación cuando pidieron ayuda externa y se presentó la UME.
Abandono de la Generalidad
La polémica fue de tal envergadura que puso el foco sobre las residencias de ancianos y la alta mortalidad que se estaba registrando en ellas. Los trabajadores denunciaron el completo abandono por parte de la Generalidad, la ausencia de profesionales sanitarios y de equipos de protección individual.
El descontrol era tal que motivó una primera reprimenda de Torra a la consejería. El Homrani se reincorporó a su cargo y trató en vano de reconducir la situación. Tras el fiasco, cedió sus competencias al departamento de Salud. En comparecencia en comisión parlamentaria vía telemática, el todavía consejero ha tratado de echar balones fuera alegando que nadie estaba preparado para una crisis de semejantes dimensiones y que cuando pase la pandemia habrá que analizar el "modelo" de residencias de ancianos.