La Generalidad de Quim Torra ya trabaja en un plan de desconfinamiento al margen del resto de España y con medidas que incluyen un exhaustivo control de los ciudadanos en función de su salud y se pertenencia a determinados grupos de riesgo. Torra ha contratado los servicios del polémico epidemiólogo Oriol Mitjà (que al principió comparó el coronavirus con una gripe y luego pidió la dimisión de Fernando Simón por lo mismo), quien ha preparado un proyecto muy similar al utilizado en China y que atribuye a la población los colores rojo, naranja o verde en relación a su "infectividad" vírica.
El plan de Mitjà consta en síntesis de ocho puntos que arrancan con el levantamiento gradual de las medidas de confinamiento tras una monitorización de la salud de la población. En segundo lugar, plantea controlar el grado de movilidad de la población y mantenerlo por debajo del 65% hasta que la tasa de ingresos hospitalarios por coronavirus baje del 20%, El tercer punto es la realización de un estudio de seroprevalencia en cincuenta mil personas. El cuarto, un cribaje poblacional a gran escala que duraría cuatro meses e incluiría millón y medio de pruebas PCR (de alta especificidad) y seis millones de test serológicos priorizando población de riesgo, trabajadores esenciales y vectores de contagio.
La quinta medida sería la implantación de un certificado digital vinculado a un carnet de vacunación. La sexta, el fomento del uso de una aplicación digital de la Generalidad denominada StopCovid19; la séptima, la creación de un "pasaporte de inmunidad" necesario para la reapertura de espacios públicos de alto riesgo de transmisión o donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad (bares, restaurantes, discotecas, polideportivos y estadios de fútbol) y la octava, la obligatoriedad del uso de mascarillas en la calle.
Según los planes de Mitjà, las medidas de control de la población se llevarían a cabo respetando la privacidad y asegurando "criterios bioéticos, protección de datos e igualdad de acceso" y se basan en los proyectos que se valoran en países como Alemania y el Reino Unido.
El ambicioso programa contrasta con las graves dificultades que ha mostrado la Generalidad para proveer de material de protección al personal del sistema sanitario catalán o al hecho de que en el primer día de reparto gratuito de una mascarilla por persona en las farmacias haya dejado de funcionar el sistema de receta electrónica.