El Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo ha reiniciado los plazos de investigación de las macrocausas de corrupción con el decreto para evitar el colapso de los tribunales con la pandemia del coronavirus. En el caso de aquellos casos en los que la instrucción haya sido declarada compleja, el plazo de investigación será nuevamente de 18 meses a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma.
En la actualidad, la mayoría de estas causas que se investigan en la Audiencia Nacional cuyo plazo de instrucción se resetea afectan al Partido Popular. Entre ellas, el caso Púnica, Lezo o los Papeles de Bárcenas. No obstante, también se verán afectadas otros casos mediáticos como el caso Pujol o los ERE de Andalucía que afectan al PSOE y se investigan en Sevilla.
Esta decisión fue recogida en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado BOE. Esta medida del Gobierno afecta a todas las causas penales, civiles, contenciosas, sociales o militares. Además, también se reiniciarán los plazos para presentar recursos.
El artículo 2 del decreto sobre el "cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir" apunta que "los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.
"Los plazos", añade, "para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora".
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el objetivo de reiniciar los plazos de investigación de las causas y de los recursos con este decreto sobre la covid-19 es blindar "la seguridad jurídica y evitar espacios de impunidad" con el posible colapso judicial que se registre tras la pandemia. Estas mismas fuentes apuntan que la última palabra en cada causa la tendrá "el juez instructor y la Sala".
En declaraciones a Libertad Digital, el portavoz de Justicia en el Congreso, Luis Santamaría, denuncia "la inseguridad jurídica" que provocan muchas de las medidas recogidas en el decreto del Ministerio de Justicia, porque ya se están tramitando en las Cortes. "El poder ejecutivo está invadiendo el terreno del poder legislativo", asegura.
Derogación del artículo 324 de la LECrim
Precisamente, el Gobierno socialista quiere derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECrim que fija el plazo máximo de una instrucción judicial al considerarlo "una limitación para luchar contra la corrupción".
El pasado mes de septiembre, Podemos proponía la derogación del artículo 324 de la LECrim, recibiendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP. Muchas asociaciones de jueces y fiscales defienden dicha derogación sosteniendo que entorpece la investigación de las causas de corrupción. No obstante, muchos consideran que ayuda a "no eternizar las investigaciones judiciales" y a "garantizar a los ciudadanos su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". La derogación del artículo 324 podría ser efectiva antes de final de año.