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La gran mentira de la Ley Celáa: los colegios ordinarios atenderán la educación especial "sin incremento de gasto"

La memoria económica de la propia Lay Celáa deja en evidencia las mentiras de la ministra sobre la supervivencia de los centros de educación especial.

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La memoria económica de la propia Lay Celáa deja en evidencia las mentiras de la ministra sobre la supervivencia de los centros de educación especial.
Isabel Celáa en una imagen de archivo. | EFE

La plataforma Inclusiva Sí, Especial También ha tendido acceso a la memoria económica de la nueva ley de educación que está tramitando el Gobierno en pleno estado de alarma y que es conocida como Ley Celáa pese a que su nombre es Ley LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE).

Según el comunicado que ha hecho público esta asociación creada para defender los colegios de educación especial, la memoria de la Ley, y más concretamente dentro de su 'Análisis de impacto económico y presupuestario' y, concretamente, en la parte referida al impacto "impacto presupuestario", se refiere a lo que marca la Disposición Transitoria Cuarta, que es la que contempla la incorporación de los alumnos de educación especial a los colegios ordinarios:

"Por otro lado, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, por lo que no se prevé incremento de gasto".

¿Como se va a atender a 35.000 alumnos?

Por lo tanto, el Gobierno pretende que los aproximadamente 35.000 alumnos que hoy en día están en colegios de educación especial —excepto aquellos que, según el texto de la ley, necesitan una atención "muy especializada"— vayan siendo trasladados a los colegios ordinarios, pero ¿cómo se va a dotar sin "incremento de gasto" a estos centros de los medios materiales y humanos para atender a estos niños que, además, tienen grandes necesidades tanto desde el punto de vista de los equipos técnicos como de los humanos?

Según la plataforma Inclusiva Sí, Especial También esto supondría que, por un lado, "los centros ordinarios seguirán teniendo las mismas o incluso más dificultades para atender al alumnado con necesidades educativas especiales", y además los colegios de educación especial "se verán obligados a dejar de prestar el servicio que realizan en la actualidad" y que "es imprescindible para miles de alumnos a los que actualmente atienden".

¿Sustitución por desaparición?

El hecho de que no se contemple un incremento de la inversión en la educación ordinaria podría también entenderse como la muestra clara de que el Gobierno no sólo pretende trasladar los alumnos de unos centros a otros, sino que también pretendería traspasar todos los recursos que hoy en día se dedican a la educación especial a la ordinaria, es decir, ahogar económicamente a estos colegios que es lo que denuncian los padres y ha negado repetidamente la ministra Isabel Celáa.

Es decir, que la única forma de no incrementar el gasto total sería desviar completamente los recursos que hoy en día se dedican a educación especial a la ordinaria. Lo más lamentable de todo es que esto tampoco sería suficiente, ya que estos centros ya son en su mayor parte deficitarios.

Inclusiva Sí, Especial También señala asimismo que el Gobierno toma como referencia el caso de Portugal, que para el Ejecutivo es un "éxito significativo", pero que según los miembros de la plataforma —que reúne a familias, asociaciones y profesionales— "muestra debilidades notables" en su aplicación en el país vecino, donde familias y docentes denuncian continuamente la falta de formación y de medios para implementar las nuevas medidas de atención a la diversidad.

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