El Gobierno se ha propuesto que la Comunidad de Madrid sea el chivo expiatorio de esta crisis sanitaria. Y por ello la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, abría su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mandando un recado al Gobierno regional por la "incertidumbre" que generan las discrepancias internas entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, su vicepresidente, Ignacio Aguado, y la dimitida Directora de Salud Pública por su reticencia a solicitar el cambio a la fase 1 en Madrid.
"Será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán los ritmos de los desescalada. No caben ni intereses partidistas ni cálculos electorales. En estos momentos, creemos que lo último que necesitan los ciudadanos es añadir ningún tipo de incertidumbre sobre esta cuestión".
Preguntada posteriormente por las discrepancias en Madrid, Montero se atrevió a dar un paso más. Primero afirmó que "yo creo que los hechos hablan por sí solos respecto a lo que hemos conocido de la Comunidad de Madrid. No está en el ánimo del gobierno polemizar con ninguna comunidad autónoma". Pero acto seguido, mandaba un mensaje... "Lo que sí queremos es mandar un mensaje de tranquilidad " porque "el escenario de co gobernanza es una garantía de que las instituciones vamos a velar por los intereses de los ciudadanos y de la salud en base a criterios técnicos muy rigurosos y no intereses partidistas".
Sobre la posibilidad que arroja la rumorología en relación a que el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, pudiera presentar una moción de censura en la Comunidad, la ministra portavoz no lo descartó: "Corresponde a los representantes de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid establecer en qué medida los hechos necesitan de actuaciones contundentes. Pero no será el Gobierno el que hable por parte de los portavoces, que cada uno tiene su función y este Gobierno tiene su tarea".
No da nombres del Comité de Expertos
Sobre la negación del Ejecutvo a dar los nombres del Comité de Expertos, Montero no explicó los motivos ni se refirió a que vulneren dos leyes, la de Transparencia y la Ley General de Salud Pública. Se limitó a justificar que "el Comité de Expertos lo que hace es asesorar al Gobierno pero los responsables de evaluar el panel de indicadores, de establecer los criterios y dialogar con las Comunidades Autónomas son los funcionarios habituales" que pertenecen al ministerio de Sanidad, "y los miembros del CCAE, el centro de emergencias, que están con todos los datos disponibles y disponen de todo los criterios para poner mantener ese diálogo y el ministro finalmente firmar la orden".