La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado claro este domingo que el Ejecutivo quiere mantener el estado de alarma mientras dure el confinamiento. Según Montero, es el instrumento legal "más garantista" para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos hasta "la vuelta a la nueva normalidad" que, traducido en fases, sería como muy pronto el 22 de junio.
Ni siquiera esa fecha sería exacta, porque según el plan aprobado por el Gobierno, la libre movilidad no será total hasta que toda España alcance al completo la última fase, ya que hasta ese momento seguirá estando prohibido desplazarse a comunidades o regiones que no hayan superado las tres primeras etapas.
"El estado de alarma es un mecanismo que es necesario para hacer el ejercicio de la restricción de los derechos de los ciudadanos, por eso no es un instrumento caprichoso y no es vocación del Gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que todo el trabajo realizado previamente no se tire por tierra", ha justificado Montero.
En este sentido, ha recalcado que las razones para mantener este instrumento no son "políticas", sino "fundamentalmente técnicas" y "sanitarias" por la "necesidad de ordenar la movilidad de la población y la "necesidad jurídica", teniendo en cuenta que es "el elemento más garantista".
Desescalada a la carta
Montero no ha hecho referencia a las dificultades que ya ha tenido el Gobierno, y que previsiblemente tendrá en el futuro para seguir aprobando prórrogas del estado de alarma, ni a la alternativa de que exista un "plan B".
Lo que sí baraja el gobierno de Sánchez es un estado de alarma con desescalada a la carta que se puede ir modificando. Montero ha asegurado que los decretos de alarma que se vayan aprobado "no tienen que ser iguales", sino que se pueden ir incluyendo nuevos elementos, como la cogobernanza que se ha introducido en el último.
A este respecto, ha señalado que tampoco la movilidad funcional igual que cuando se decretó por primera vez el estado de alarma. "Ahora las personas pueden salir de manera ordenada pero requiere todavía tener esta herramienta legal plenamente constitucional y más garantista que cualquiera de las leyes ordinarias", ha insistido.