La ocultación empezó con Simón, continuó con Illa, y concluyó con Sánchez este fin de semana. Y de ahí no se va a mover el Gobierno: no se dará a conocer al comité de expertos que ejecuta el plan de desescalada en España hasta finales de junio. Pero los motivos que, en privado, aporta el Ejecutivo, son diferentes a las esquivas respuestas que van desde la negativa a secas al siempre útil "ya hemos dado cumplida respuesta".
Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital aseguran que el Ejecutivo "no está incumpliendo ninguna Ley", ni la de Transparencia ni la de Salud Pública que obliga a que "será púbica la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública" que especifica en "organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren".
Esa es la palabra clave para el Gobierno: colaborar o asesorar. Porque lo que defiende Moncloa en privado es que "no son asesores, sino técnicos y funcionarios que ya forman parte del cuerpo funcionarial del Ministerio de Sanidad y del CCAES", el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, lo cual supone, a juicio del Gobierno, que no es una actividad temporal sino permanente en la prestación de sus servicios públicos y que revelar su identidad supondría vulnerar la Ley de Protección de Datos y la Ley de la Función Pública que exige esa protección.
Añaden estas fuentes que ésa es la diferencia fundamental con el anterior grupo de galácticos que diseñó el Plan de Desescalada en los que se encontraba el profesor de la Univerdad de Harvard, Miguel Hernán, y la directora de Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, cuya colaboración con el Gobierno fue esporádica. A diferencia de ese comité de expertos, el actual "no viene de fuera sino de dentro de la administración y ni siquiera son 12 como se ha publicado en los medios".
Inciden estas fuentes que el tema además es especialmente grave por tratarse del artículo 18 de la Constitución Españoles, en defensa de la intimidad, que también afecta a los funcionarios públicos. Y ponen como ejemplo que "no se puede publicar tampoco el nombre de un funcionario del Ministerio de Hacienda que ejecuta una paralela o firma una ley de amnistía".