El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, ha denunciado este lunes que las "órdenes políticas" que están trasmitiendo desde las distintas delegaciones del Gobierno a las Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo que se superen las "líneas rojas" del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de frenar la pandemia del coronavirus.
"Esto no es un estado de alarma, esto hay que llamarlo de otra manera. Me parece más un estado de excepción donde se prohíben derechos fundamentales tan básicos como el derecho a manifestarse. Estamos llegando a situaciones límite. Hay un toque de queda a las 11 de la noche. Yo no sé por qué a las 11 de la noche todo el mundo tiene que estar metido en su casa. Hay cosas ilógicas", ha dicho.
"Pero lo que tiene que entender la población es que la Policía recibe órdenes directas de unos políticos y a esos políticos es la población la que les vota. Son los representantes del pueblo. Son los que toman esas decisiones. Y a la Policía se le dan órdenes claras y precisas para que se sancione cuando se está a una determinada hora en la calle o se realicen manifestaciones prohibidas por la Delegación del Gobierno", ha continuado.
Durante una entrevista en Es Noticia, el informativo de esRadio, el portavoz de este sindicato, que cuenta con representación en el Consejo de la Policía, ha reiterado que "estamos en una situación límite" y ha asegurado que "estamos superando líneas rojas del estado de alarma". "Este estado de alarma, por decirlo de alguna manera, se está convirtiendo en un estado de excepción, prohibiendo derechos fundamentales en algunos casos", ha insistido.
Giraldo ha recordado que es la Delegación del Gobierno la que debe autorizar o prohibir las manifestaciones que convocan los ciudadanos y que ahora mismo "las están prohibiendo por norma". En esta línea, ha dicho no entender la decisión de este fin de semana de prohibir una concentración en Madrid que se había convocado en vehículos y que, por tanto, lo normal es que no hubiese problemas con el espacio interpersonal.
También ha hablado de las denuncias de los ciudadanos que se encontraban en las cercanías de donde se había convocado, que denuncian que se iba identificando a todas las personas que estaban en los alrededores y portaban una bandera de España.
"La consigna es clara. Hay una manifestación que no está autorizada. Una manifestación en la cual, los que organizaban, o los que querían organizar lícitamente esa manifestación, decían o pedían como condición para esa manifestación, que lo pueden hacer, evidentemente, que se porten banderas de España y en algún caso que, incluso, vayan dentro de los vehículos para salvar las distancias de seguridad", ha explicado.
"La Policía cuando recibe esta orden directa desde la Delegación del Gobierno, que esa manifestación se ha prohibido, también recibe de alguna manera ese comunicado de que quien organizaba la manifestación y decía que los manifestantes deberían ir con banderas de España. Entonces, es cuestión de lógica. Personas que paseen con la bandera de España no se les va a prohibir, lógico, pero sí que se les va a decir que por favor no circulen en ese momento por esa calle debido a que esa manifestación está prohibida", ha proseguido.
"No es a la bandera de España lo que se criticaba o se identificaba o se rechazaba. No. Era a la manifestación y a los manifestantes que estaban convocados a ir con una bandera de España", ha precisado el portavoz policial.
La justicia debe actuar
Por último, ha pedido a los tribunales que se pronuncian sobre si se están rebasando o no los límites del estado de alarma y ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, que hace unos días dio luz verde una manifestación con motivo del 1 de mayo que había sido previamente prohibida por la Delegación del Gobierno en Zaragoza, permitiendo que finalmente se celebrara.
"Cuando se conculcan derechos de ciudadanos, cuando se vulneran derechos fundamentales, que son los mayores derechos que tenemos, yo creo que los tribunales de justicia deberían dar un paso adelante también… no la Policía, sino los tribunales de justicia. Nosotros al final somos órganos ejecutores de órdenes. Son los tribunales de justicia los que deben decir si esas órdenes son acordes o no son acordes al estado de alarma", ha emplazado.
"O son acordes o no son acordes a la Constitución. O es un estado de alarma o es un estado de excepción. Son los tribunales de justicia y no un simple policía como yo quien tiene que definir estos conceptos", ha concluido.